Cita el jueves en Bruselas para hablar de los casos valencianos de abusos a menores tutelados

La portavoz adjunta del grupo popular de Les Corts, y vicesecretaria de políticas sociales del PPCV, Elena Bastidas, comparece este próximo jueves ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para solicitar amparo de las instituciones europeas en relación con los casos valencianos de abusos a menores tutelados por la Generalitat. En un informe del Síndic de Greuges se llegó a apuntar que el protocolo por sospecha de abusos sexuales en menores tutelados por la Generalitat se había activado en 175 casos en el plazo de un año.

La solicitud de Bastidas, que Bruselas ha aceptado y debatirá esta misma semana, está directamente relacionada con la gestión llevada a cabo por la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas dirigida hasta que presentó su dimisión tras ser imputada por el TSJ valenciano la exvicepresidenta Mónica Oltra. Aunque lo que los populares pretenden es que las instituciones europeas se dirijan al Ejecutivo central para que se abra una comisión de investigación sobre la situación de los menores tutelados por la Generalitat.

La decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo es la respuesta al escrito presentado en marzo de 2021 por Bastidas. La también portavoz popular señalaba en aquel documento que solicitaba ejercitar su derecho de petición tras haber recibido «numerosas informaciones de extraordinaria gravedad que afectan a una pluralidad de personas menores de edad bajo tutela de la Generalitat» y que en los últimos años «han sido objeto de abusos sexuales en las instalaciones públicas de acogida en distintos lugares» de la Comunitat.

En su escrito, la diputada popular mencionaba una decena de casos, entre los que se encontraban dos referidos al caso de la menor tutelada por la Generalitat sometida abusos por el exmarido de Oltra, que acabó siendo condenado a cinco años de prisión -caso por el que acabó presentando su dimisión la propia líder de Compromís-, pero también otros. «Ejemplos -señalaba- de lo que desgraciadamente ocurre con una frecuencia intolerable en los centros de menores de la red asistencial pública valenciana», explicaba.

Casos en los que se pone en peligro «la integridad física y la indemnidad sexual de las personas más vulnerables, que son los menores que se encuentran bajo la tutela de la Administración por no tener progenitores o tutores que se hagan cargo de ellos», se indicaba.

Bastidas denunciaba que hechos de esta gravedad «trascienden el ámbito regional o estatal y suponen una clara vulneración de los derechos fundamentales» de los menores de edad, tal y como reconoce el derecho de la Unión, siendo un asunto «que reviste de trascendencia suficiente para su conocimiento por la Comisión de Peticiones en aras a recabar datos y testimonios suficientes para adoptar unas conclusiones que sirvan para competer a las autoridades nacionales a proteger a los menores víctimas de abuso».

La condena al exmarido de Oltra, ratificada por el TSJ valenciano, incluía un severo reproche a la actuación llevada a cabo por el departamento de la vicepresidenta del Consell, haciéndose eco del cuestionamiento, en términos similares, expresado por el ministerio público. La exvicepresidenta comparece el día 19 de este mes ante el juzgado de instrucción para dar su versión del supuesto encubrimiento de la denuncia de abusos sexuales contra su exmarido, en una investigación que también tiene como investigados a buena parte de la cúpula de la conselleria durante la etapa de Oltra.

La exvicepresidenta siempre ha defendido la actuación de la Conselleria de Igualdad pese a que el juez aprecia indicios de su participación en una especie de plan para silenciar todo este episodio, que se tradujo en no denunciar a la Fiscalía y, por contra, emprender una especie de «investigación parajudicial» en palabras de la Audiencia.

La falta de información sobre la situación de los menores ha sido constatada también por el defensor del pueblo valenciano. El Síndic de Greuges, Ángel Luna, firmó hace ahora un año una resolución muy crítica contra la labor de la labor de la conselleria por impedir una investigación sobre la gestión de los centros en los que hay internos menores con problemas de conducta.

La situación de obstaculización de la labor del Síndic llegó a tal extremo que Luna ha tenido que tomar una decisión drástica para salvar el escollo de la conselleria: técnicos del Síndic de Greuges visitarán in situ siete centros para conocer de primera mano en una reunión de carácter «privado» la situación y cómo se trata a los menores en las instalaciones que dependen de la conselleria de Oltra.

En otro informe, el departamento de Luna llegó a alertar de que en los casos de alrededor de 175 menores bajo tutela de la Generalitat Valenciana se activó el protocolo por sospecha de abusos sexuales entre el 20 junio de 2020 y el 20 junio de 2021, 127 de ellos cuando estaban en régimen de acogimiento residencial.

El freno a la investigación sobre la gestión de los menores tutelados ha llegado también a Les Corts y al Congreso de los Diputados. Las peticiones planteadas por el PP para que se creara una comisión de investigación sobre estos casos fue rechazada en dos ocasiones en el Parlamento valenciano y una más en el Congreso de los Diputados -entonces los populares sumaron a los casos valencianos los de Baleares-.

La comparecencia de Bastidas el jueves ante la Comisión de Peticiones podría tener su réplica por parte de la administración autonómica. La conselleria de Igualdad podría acudir a la misma sesión del órgano dependiente del Parlamento Europeo para explicar su posición sobre el caso.

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