Ciudadanos aprovecha la dana para ajustar cuentas con Argüeso

Las acusaciones populares deben depositar 6.000 euros de fianza para ejercer la acción penal. Es la misma cantidad que se ha ordenado para el resto de organizaciones -Podemos o la CGT- que forman parte del procedimiento. Incluso Peris se muestra algo sorprendida de que un partido sin representación siga disponiendo de recursos económicos. «Seremos el único. Pero todavía tenemos afiliados...»

Pero a nadie se le escapa que existe un factor sino determinante sí de cierta relevancia en esta personación. Un elemento 'motivador', una posibilidad de, llamémosle venganza o ajuste de cuentas, en esa selva de la política: Emilio Argüeso. El exsecretario autonómico de Emergencias fue durante años el secretario de organización de Cs. Y en su última etapa, cuando los naranjas agonizaban por la falta de apoyo y las luchas internas, el dinamitador del partido. Su actuación supuso una vía de agua incontrolable hacia el PP con la salida de algunos cargos hacia la estructura de los populares. La concejala de Valencia Rocío Gil y la consellera Ruth Merino representan esa vía de 'sálvese quien pueda'.

Peris no se esconde. Pero trata de mantener sus afirmaciones dentro de la cortesía. «No tengo rencor. Hay que perdonar. Y yo puedo andar con la cara bien alta. No he traicionado a nadie», tercia ante la circunstancia de que ella ejercerá la acusación contra el que fuera su compañero de partido. Ciudadanos adelanta que no tendrá líneas rojas. Es decir, que irá contra la Generalitat y el Gobierno o, en cualquier caso, la decisión no dependerá de afinidades políticas. «Queremos hacer algo útil para la ciudadanía. Esto no va de rojos contra azules. Apostamos por descubrir la verdad, que se conozca qué ha ocurrido. Ese será el mayor respeto para las víctimas». Tampoco aparece como objetivo, según Peris, que el partido gane oxígeno y visibilidad ante un hipotético regreso a las convocatorias electorales.

La exsíndica contará con la ayuda de Eduardo García, otro letrado y simpatizante de la formación naranja. De momento, están revisando los 13 tomos con los que cuenta ya la causa, incluido el recurso de Argüeso a su imputación. Un escrito en el que el ex alto cargo apuntaba que desde el 112 no habían trasladado las miles de llamadas que estaban recibiendo al Cecopi, la reunión de todos las agencias que comenzó a las 17 horas de la fatídica tarde del 29 de octubre.

Salomé Pradas también trata de lograr su 'desimputación' y busca amparo en la Audiencia. En su caso, argumenta que la tragedia se desencadenó a gran velocidad y que no fueron las lluvias sino la falta de obras del Gobierno lo que derivó en una tragedia de estas dimensiones con las 228 víctimas mortales y miles de perjudicados. El montante económico de la tragedia se calcula en 17.000 millones.

Ciudadanos se suma a una ristra de organizaciones que buscan su parte de protagonismo en esta instrucción judicial. De momento, están prácticamente todos los partidos valencianos, con excepción del PP que no ha movido todavía ficha. Su posición, en cualquier caso, sería complicada. Pero, de momento, figura el PSPV -primero dijeron que no lo harían y luego dieron el paso pese a que Sánchez quiere prohibir este tipo de acciones-, Compromís, Podemos y Vox.

El partido fundado por Pablo Iglesias trata de que le salpique la gestión al presidente Mazón, mientras la formación de derecha radical apunta hacia la actuación de las agencias dependientes del Gobierno, como la Aemet o la CHJ.