Cecilia Cuerdo
Sevilla
Viernes, 21 de diciembre 2018, 19:36
El PP y Ciudadanos confirmaron este viernes el primer paso, «aunque no definitivo», para el Ejecutivo de coalición con el que quieren desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía. Tras diez días de negociación, en ocasiones complicadas, ambas formaciones han consensuado un centenar de medidas que podrán en marcha durante la legislatura, 21 de ellas en los primeros cien días de gobierno. Aún queda por cerrar, no obstante, el reparto de competencias y sobre todo buscar el apoyo de un tercer partido que permita sacar adelante el pacto. Tras el anuncio, Vox no dudó en detallar sus condiciones para permitir «cualquier futuro gobierno», algunas de ellas contrarias al pacto suscrito por las dos formaciones de centroderecha.
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El ambicioso documento cerrado servirá de base para constituir un gobierno «sólido y fuerte», aseguró el líder del PP Juan Manuel Moreno, mientras que su homólogo de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, fue tajante al afirmar que está ya encarrilado y «el PSOE se irá a la oposición». Ahora, empezarán a hablar con todos los partidos para que la mesa del Parlamento «sea plural». «Hay muchas combinaciones y fórmulas posibles», aseguró Marín, para que todos los partidos estén representados y el bloque de derechas tenga el control de la mesa.
El acuerdo programático, de seis páginas, se centra en la regeneración democrática, la rebaja fiscal y los servicios públicos. En los primeros meses de gobierno se pondrá en marcha la eliminación de aforamientos y la creación de una oficina contra el fraude y la corrupción política. También se abrirá una comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza para el Empleo, cuyos directivos emplearon tarjetas opacas en prostíbulos. «Era lo que le pedíamos al PSOE y no podíamos no pedirlo ahora», dijo el liberal, reconociendo que este apartado ha sido el que ralentizó el consenso, especialmente lo relativo a los cargos implicados por corrupción. Finalmente, el listón para la dimisión se coloca en la imputación formal.
El resto de medidas se centran en la despolitización y la eliminación de la administración paralela, la puesta en marcha de un plan de choque para la mejora de la sanidad y programas de refuerzo educativo. El primer consejo de gobierno será sobre todo de contenido económico, y entre otras propuestas acordadas se encuentran la bajada del IRPF; la supresión completa del impuesto de sucesiones y donaciones o la ampliación de la tarifa plana para autónomos y emprendedores.
Marín aseguró que estos acuerdos no se verán condicionados «ni por Vox ni por ningún otro partido». Eso sí, tras subrayar que solo negociarán con el PP, lanzó un mensaje velado a los de Santiago Abascal: su partido no ha excluido ni «ninguneado» a nadie, y está dispuesto a «dialogar y debatir, pero no a aceptar imposiciones». Y es que aunque la formación de Albert Rivera prefiera al PSOE como socio preferente, la negativa de los socialistas aboca a que Vox sea el aliado imprescindible para que prospere la coalición.
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Pese a este aviso, los de Abascal reiteraron que han sido «despreciados» y «rechazados» en la mesa de negociación. Y subrayaron que exigirán a «cualquier futuro Gobierno en Andalucía» que atiendan sus reclamaciones. Algunas coincidentes, como la rebaja fiscal o la reducción de las estructuras paralelas, pero otras completamente opuestas, como la devolución de competencias en educación o sanidad. Vox también reprochó el «empeño» de los naranjas de contar con el PSOE y la «sumisión del PP a esta pretensión», dejando claro que, de concretarse, «en ningún caso» contará con sus votos.
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