Las claves de la amnistía que propone Sumar

Sumar acota su amnistía a un contexto temporal que comprende desde el 1 de enero de 2013, como el «inicio del proceso reivindicativo del derecho a decidir en Cataluña», y el 17 de agosto de 2023, «como fecha de conclusión de esa situación especial que justifica medidas de política criminal asimismo especiales, pues a partir de ella se constituye el Parlamento que decidirá -en su caso- la aprobación de una medida tan excepcional».

La amnistía de Sumar abarcaría a los dirigentes del 'procés', a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista o a los encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas por el 'procés' en el otoño de 2019.

El documento se refiere a delitos contra la administración pública, contra la administración de Justicia, contra la Constitución o contra el orden público en el Código Penal. Estos últimos incluyen los delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos imputados -este último delito solo a 8 de los 12- a los miembros de los CDR procesados por la Audiencia Nacional. También incluye a los provocados por la organización Tsunami Democratic.

El dictamen también propone incluir en la amnistía los delitos de lesiones, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de domicilio de personas jurídicas, daños, falsedades documentales y usurpación de funciones públicas, así como la infracción de diversos artículos de la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana o de la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana.

Entre los delitos amnistíados se incluirían las «actuaciones policiales vinculadas al impedimento de la celebración del referéndum que ocasionaron unas 1.000 víctimas de diversa gravedad entre el 1 y el 4 de octubre de 2017». «Destaca, en ese sentido, lo ocurrido en 27 escuelas, donde la actuación policial dio lugar a 47 procedimientos penales, uno de los cuales por lesiones graves (pérdida de un ojo), mantiene imputados a 5 policías», apuntan los juristas.

Los mismos, sin embargo, establecen «una serie de limitaciones materiales», quedando «fuera del ámbito de aplicación» de la amnistía «las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado susceptibles de ser calificadas como delitos de tortura y otros delitos contra la integridad moral», así como las detenciones ilegales.

Respecto a los independentistas huidos, la amnistía beneficiaría al expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, sobre los que pesa una orden nacional de detención por delitos de desobediencia y malversación.