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Burguera
Jueves, 18 de abril 2024, 13:06
Sesión de control de aúpa en Les Corts. Lógico, porque en los últimos días y desde la anterior sesión de control al presidente de la Generalitat han pasado muchas cosas: el desarrollo de las iniciativas legislativas de PP y Vox sobre educación, memoria histórica ... o À Punt; el juicio a Zaplana con las confesiones de amigos, colaboradores y corruptos; el archivo del caso Oltra y nuevos datos sobre la trama judicial vinculada a Francis Puig. Y este domingo, se vota en el País Vasco. Cóctel Molotov político que ha incendiado Les Corts. El clima político está lo suficientemente caldeado como para que la sesión de control al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, haya sido la más tensa de la legislatura. Habría que remontarse, precisamente a los plenos de 2022, en torno a las fechas en que Mónica Oltra dimitió, para recordar sesiones equiparables en cuanto al nivel de crispación entre los bloques de la derecha y la izquierda.
La presencia de Aitana Mas, la exvicepresidenta de la Generalitat, que anunció el domingo que padece un cáncer por el que ha iniciado sesiones de quimioterapia, fue celebrada con un cariñoso y sincero aplauso de todos los diputados, sin excepción. Ese ha sido el único elemento de distensión de un pleno muy bronco.
Los diputados de Compromís han llegado vestidos de negro, de luto por la aprobación de cinco leyes. Las cinco proposiciones de ley que presentaron el PP y Vox (Libertad Educativa, la de À Punt, Transparencia, Concordia y Antifraude) han recibido luz verde a su primer trámite parlamentario, la toma en consideración, entre gritos de 'vergonya' ('vergüenza') por parte de los diputados de la oposición. Los diputados socialistas han exhibido fotografías de represaliados durante el franquismo.
El presidente Mazón, ante las referencias al franquismo, ha replicado al PSPV por la ley de concordia:«Quien tiene un problema con el franquismo es el socialismo alicantino». Y es que Ángel Franco, uno de los barones del PSPV, se ha convertido en miembro de la ejecutiva de Diana Morant frisando los 80 años. Mazón ha agradecido con ironía las constantes referencias al juicio de Zaplana. Socialistas y nacionalistas le han recordado haber sido miembro del Consell presidido por el expresidente, ahora en el banquillo mientras otros acusados le señalan como un corrupto prácticamente desde que llegó al Palau de la Generalitat. Los recuerdos al pasado zaplanistas se han extendido hasta Susana Camarero, vicepresidenta segunda, una política siempre vinculada al exministro.
Otro asunto muy presente en Les Corts ha sido el archivo del caso Oltra. Baldoví ha leído el auto de archivo del caso donde se señala que no había ningún indicio de delito, y se ha encarado con la bancada popular y Vox, partido que ha recurrido el archivo de la causa. El síndic de Compromís ha señalado a Elena Bastidas, diputada del PP, y la ha acusado de ser «una mala persona». A Bastidas se le ha recordado reiteradamente sus iniciativas vinculadas a este tema, y la diputada popullar, visiblemente nerviosa ha llegado a reclamar: «Ya esta bien, ¿no?». Camarero ha recordado que la dimisión de Oltra vino precedida por el modo en que los socialistas presionaron a la mandataria de Compromís, y ha citado a la exconsellera Gabriela Bravo, impasible como siempre durante la sesión.
Las repreguntas vinculadas a Zaplana han servido para que el Consell, por boca de su portavoz y consellera de Hacienda, Ruth Merino, asegurase que el Gobierno valenciano «respeta los procesos judiciales» y ha recorado los casos de Kolda y Francis Puig. A propósito del hermano del presidente, ha pedido la palabra Vicent Marzà para asegurar que su conselleria envió a la Fiscalía los expedientes vinculados a la trama de empresas. Mazón no ha rebajado el envite. «¿Qué medidas piensa tomar para recuperar los 170.000 euros que el Botànic no reclamó al hermano del embajador ante la OCDE?», le ha preguntado el síndic de Vox, José María Llanos, ante lo cual el presidente de la Generalitat ha anunciado que ha instado a la Abogacía a que recurra la decisión que ha permitido a los socios de Francis Puig retener ese dinero una vez se ha establecido que la Generalitat reclamó los 170.000 euros fuera de plazo.
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