Colar 1.800 nuevos empleos públicos en puertas del 28-M

El informe de la Sindicatura constataba una situación preocupante en la empresa de los bomberos. Falta de controles y vulneración de los principios contables que, de hecho, llevaron al Consell a fulminar a la directora gerente de la firma, al director ejecutivo y a la responsable de recursos humanos de la sociedad, todos ellos vinculados al PSPV –la SGISE se integraba en la conselleria dirigida por Gabriela Bravo–.

Ese era el informe de auditoría correspondiente a 2022 sobre esta Sociedad, cuyo consejo de administración estaba presidido por el entonces secretario autonómico José María Ángel y que tenía a Baltasar Ortiz como director ejecutivo. Un retrato de cómo no debe gestionarse una empresa pública.

Pero hay más. En 2023, en concreto el 15 de febrero de este año, la Sociedad presentó una propuesta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) compuesta por un total de 1.772 puestos de trabajo. La cifra es significativa porque, en realidad, la RPT aprobada por la empresa para el año 2019, el de su creación, y en vigor hasta entonces, no llegaba a 1.000 empleados. Eran, de hecho, 948 trabajadores. De manera que la propuesta presentada incrementaba la plantilla en un 86,9% –824 puestos de trabajo más–.

El desorbitado incremento de plantilla –planteado además a tres meses de las elecciones autonómicas– hizo saltar las alarmas en la dirección general de Sector Público de la Generalitat. Tanto que en abril, a un mes de las elecciones, hizo llegar sus reparos a la empresa que, el 3 de mayo, envió una nueva documentación, esta vez ya con solo 961 empleados.

Sector Público tuvo que recordar a la empresa que la creación de puestos de trabajo «debe limitarse al número y perfiles que resulten imprescindibles para que esta cumpla sus objetivos en términos de eficacia, eficiencia y economía, principios a los que se encuentra sujeta por su pertenencia al sector público», señaló Sector Público. Entre otras razones, porque la propuesta tampoco venía acompañada del preceptivo informe de la dirección general de Presupuestos que diera luz verde a ese incremento de la masa salarial de la entidad. Y tampoco del preceptivo informe de la gerencia de la empresa que lo asumiera. Se trataba por tanto de una suerte de generación espontánea de puestos de trabajo para los que se solicitaba luz verde a escasos tres meses para las elecciones autonómicas del 28-M.

La dirección general de Sector Püblico expresó sus prevenciones sobre la maniobra, un intento de regularizar la situación laboral de casi 1.800 personas en vísperas de unas elecciones. En un informe, la citada dirección general subrayaba que la propuesta incluía casi 600 puestos de trabajo de nueva creación que «se justifican en la reclasificación de otros puestos con los que en la actualidad cuenta SGISE; no obstante, estos últimos se mantienen en su organización (RPT)». Por ese motivo, la dirección general concluía que no se consideraba «justificado mantener los puestos de trabajo de origen y al mismo tiempo replicarlos con nuevos requisitos y funciones».

El informe subrayaba que de la propuesta de RPT presentada se concluía «un número de puestos de trabajo que supera con amplitud su número de efectivos». La SGISE incorporaba en su propuesta, además de esos 600 nuevos puestos de trabajo, otros 213 también de nueva creación «relacionados con la adscripción (de la Sociedad) a la UVE –la versión valenciana de la UME que impulsó en su día la exconsellera GBravo y que el actual Consell ha desestimado–».

«La creación de estos puestos quedaría supeditada a la creación de la UVE», indica Sector Público que alegaba la Sociedad. Un supuesto, no obstante, que también debería de venir acompañado de los preceptivos informes recogidos en la normativa presupuestaria «requiriendo la presentación de la debida memoria económica, así como la justificación razonada de la necesidad de contar con dichos puestos». Ni una cosa ni otra se aportó.

Sector Público remarcaba además que la SGISE había publicado en mayo de 2022 en el DOGV una oferta de empleo que incorporaba 322 puestos de trabajo, dato que situasba la tasa de temporalidad de la empresa en el 34%. «SGISE debe de ser consciente de su capacidad para llevar a cabo los procesos de estabilización de esos 322 puestos de trabajo ya convocados y al mismo tiempo los procesos selectivos necesarios para la cobertura definitiva del elevado número de puestos de trabajo que pretende crear».

Sin los justificantes necesarios, incorporando plazas nuevas que no era sino renombrar las ya existentes, otras tantas que veían la luz en función de la hipotética creación futura de la UVE y sin capacidad para llevar a cabo los procesos de estabilización de personal.

En la clasificación de los puestos de trabajo por grupos y categorías profesionales, así como por especialidades, también se advertían contradicciones con la propuesta de RPT, al incorporar puestos de trabajo que no tenían correspondencia con la clasificación. Sector Público puso objeciones también a los requisitos de cada puesto, dado que en la propuesta remitida no figuraban asociados a cada plaza. Así como a los salarios, a la vista del obvio incremento de masa salarial que suponía un incremento tan voluminoso de la plantilla. «Se considera necesario que para cada tipo de puesto de trabajo la memoria incorpore información respecto al salario y complementos que determinan la retribución actual de éste», se advertía.