El Colegio de Abogados respalda al letrado de un exgerente de Divalterra en su enfrentamiento con el juez del caso Alquería

Antonio Bruno es el abogado de José Ramón Tiller, el primer cogerente en la etapa de Divalterra, que se encuentra como investigado por la contratación irregular de directivos en la empresa pública. Tiller no compareció el pasado viernes a la citación del juzgado y el instructor le puso una multa de 300 euros. Se ignora por qué no acudió el directivo y se acogió a su derecho a no declarar. Una fórmula que hubiera evitado esta polémica. El letrado había solicitado un aplazamiento de la comparecencia porque ese mismo día tenía un señalamiento previo, pero de la jurisdicción Civil. El juez rechazó la petición, así como el posterior recurso porque el abogado no estaba personado en el procedimiento. Este considera que ese error formal se podía subsanar.

El conflicto ha llegado hasta el mismo Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) ante el que el letrado ha pedido amparo. Considera que la acción del titular del juzgado de Instrucción número 9 de Valencia atenta «contra la libertad e independencia» del profesional. Además, la Junta de la institución se ha comprometido a informar ante el juez decano de este incidente, así como incluir también este asunto en el próximo informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La detención de Jorge Rodríguez, investigado en este procedimiento, el pasado mes de junio supuso un ataque frontal al discurso de la limpieza del PSPV en la Administración. De nuevo, la institución volvía a situarse en el foco mediático después del escándalo que había supuesto el arresto de Alfonso Rus en los inicios de 2015. Además, se ordenó el arresto de otras cinco personas, todos empleados de la Diputación de Valencia: el jefe de gabinete del presidente, Ricard Gallego, los cogerentes de Divalterra, Agustina Brines (Compromís) y Xavier Simó (PSPV), un asesor de Rodríguez, Manuel Reguart, y el letrado de Presidencia, Jorge Cuerda.

Los hechos se remontan a julio de 2015, cuando el Consejo de Administración de Imelsa nombró dos gerentes –uno militante del PSPV y otro de Compromís- por contrato laboral de alta dirección; y cuatro meses más tarde, se realizó la contratación mediante libre designación de siete directores de área con el mismo tipo de contrato –tres del PSPV y cuatro de Compromís- «apartándose de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».