La Comunitat es donde más pagan por IRPF los ricos y menos las rentas bajas

En concreto, el cuadro comparativo entre CCAA para un contribuyente que obtiene únicamente rentas del trabajo, soltero, menor de 65 años y sin hijos, señala que la Comunitat fija un importe de 29,47 euros -exactamente el mismo que la Comunidad de Madrid- para las rentas hasta 16.000 euros. Y uno de 1.772 euros para las que no superen los 20.000 euros.

Se trata de la parte inferior del cuadro, el de las rentas más bajas. En la superior, el de las más altas, es decir a partir de la horquilla que va entre 70.000 y 110.000 euros en adelante, la Comunitat es la que establece importes más altos de todas las CCAA. En este caso, la región que impone una fiscalidad más baja a esas rentas altas es también la Comunidad de Madrid.

Por ejemplo, se apunta en el informe, las rentas entre 70.000 y 110.000 euros pagan en la Comunitat Valenciana 38.741 euros, mientras que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impone 35.181 euros. Los datos desmontan la teoría de la supuesta rebaja fiscal del Gobierno de Mazón a las rentas más altas. Y en cambio ratifica el discurso de que es en la Comunitat donde menos impuestos pagan las rentas más bajas. «Lo justo es pagar lo justo», remarcó este jueves el president Carlos Mazón en la presentación de la campaña de Renta 2023 que incorpora seis nuevas deducciones, entre ellas, por atención bucodental, por enfermedades raras o por práctica deportiva.

Ocurre lo mismo con el Impuesto sobre el Patrimonio. La Comunitat Valenciana figura de nuevo como la región que fija importes más elevados para los contribuyentes obligados a atender este impuesto. Para los de 800.000 euros, regiones como Extremadura, Murcia, Andalucía o Madrid no pagan. Y en cambio los valencianos llegan hasta los 909 euros. Y la Comunitat vuelve a ser la que impone cantidades más elevadas para los casos de 4, 15 y 40 millones de euros.

En el de Transmisiones Patrimoniales, para el supuesto en el que se transmite un inmueble que no está destinado a vivienda con diferentes valores, la Comunitat es, en este caso junto a Cataluña, la que impone importes más elevados, del 10% del valor del inmueble. Ninguna otra CCAA llega a porcentajes tan elevados.

El informe del Colegio General de Economistas señala que la recaudación por impuestos propios en la Comunidad Valenciana supone el 2,3 por cien de los ingresos tributarios, cifra ligeramente superior a la media nacional. Además, subraya que algunas autonomías «han creado impuestos que, antes de su entrada en vigor, los han derogado como en los casos, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana -la tasa turística- o Extremadura. Esta situación genera inseguridad jurídica que debería ser tenida en cuenta por parte del legislador en el momento de la aprobación, o no, de un tributo».

También se destaca que no existe un patrón común en cuanto al papel de los impuestos propios en los sistemas tributarios autonómicos. Mientras algunas autonomías optan por la supresión de estos, otras han ido incrementando estas figuras tributarias a lo largo de los últimos años, como en el caso de la Comunitat Valenciana, lo cual sugiere la necesidad de un debate más amplio en torno a la imposición propia en España.

El informe alerta de la «jungla» de normas autonómicas sobre tributos propios, que complica considerablemente el conocimiento de la fiscalidad existente. Por eso, plantea la conveniencia de realizar «modificaciones sobre el ejercicio de la capacidad normativa de las CCAA en este ámbito, en el marco de la futura reforma de la financiación autonómica».

La consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha puesto en valor la apuesta decidida de la Generalitat «por configurar un nuevo panorama fiscal, con el fin de dejar atrás una tributación excesiva e incluso opresiva en algunos casos para la ciudadanía». Merino ha indicado que la reforma fiscal que está poniendo en marcha el Consell «va a seguir evolucionando hasta alcanzar la meta de la equidad», que ya se ha proyectado «la eliminación de los impuestos ambientales que estaban previstos para 2025» y que se va a repensar la escala autonómica del IRPF porque somos paradigma y excepción, en comparación con otras autonomías, en los tramos más elevados. Del mismo modo, Merino ha añadido que en la ruta de hoja marcada por este Consell «está acabar con el impuesto de Patrimonio para ser más atractivos al establecimiento de grandes fortunas y contar con una economía más dinámica».