La comisaría que anunció Bravo no cuenta con la autorización del TSJ

El cisma que se abrió en el Consell entre el PSPV y Compromís a raíz de la comisaría especializada para víctimas de violencia de género puede deparar todavía otro capítulo más de controversia. La iniciativa de la consellera Gabriela Bravo no cuenta todavía con el visto bueno de la Sala de Gobierno del TSJ. No es este un asunto menor. El Reglamento de los Órganos de Gobierno recoge, en su artículo 4, las atribuciones propias de este organismo. La redacción del punto eñe no admite lugar a dudas: «Las actividades ajenas a la función judicial en los edificios judiciales o sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de Gobierno». Y la comisaría especializada en víctimas de violencia de género no cuenta aún con este requisito.

La Sala de Gobierno regula el funcionamiento de todos los juzgados y tribunales de la Comunitat. Se encarga tanto de cuestiones de organización -repartos de asuntos, por ejemplo- como de aspectos administrativos. La presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, está al frente. También forman parte los presidentes de Salas y de las respectivas Audiencias provinciales. El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, también es miembro. El resto, otros seis jueces, son elegidos por sus propios compañeros. Se reúnen siempre que exista un asunto urgente que tratar. No hay una periodicidad fija.

Al margen de la autorización de la Sala de Gobierno, se necesita también la de la Administración propietaria del inmueble -en este caso la Generalitat- y otras administraciones con competencias -como sería el Ministerio de Interior-. Estas dos últimas corresponden a las Administraciones que han impulsado el proyecto. No habrá problema.

Se desconoce, no obstante, cuál sería la posición de la Sala de Gobierno ante la propuesta de Bravo. En caso de que no existiera el acuerdo, el mismo Reglamento detalla que sería la Comisión Mixta -órgano que integran responsables de la Administración de Justicia y del Consell- la que analizará el asunto y «formulará las propuestas que considere oportunas».

LAS PROVINCIAS pudo recoger ayer el malestar entre el colectivo judicial al haber sido ninguneado por la actuación de la Conselleria de Justicia. El descontento se produce «por la falta de información» y por lo que consideran también una «deslealtad institucional» al no abordarse la iniciativa en la Sala de Gobierno. Pero a lo anterior se suma que tampoco se les ha comunicado de manera oficial la propuesta que el departamento de Bravo presentó hace menos de una semana. Hasta la fecha, esa idea, la de la comisaría, se había escuchado en algún comentario informal. Pero sin ningún tipo de concreción. Al parecer, tampoco en la sección de Violencia de Género de la Fiscalía de Valencia tenían noticia de esta medida.

Las mismas fuentes aclararon que, de entrada, no se oponen a la iniciativa sino que debe ser estudiada. Por ejemplo, hay que analizar de qué manera se integran unas dependencias no judiciales dentro de un edificio con unos horarios establecidos y vigilancia y donde la actividad de cara al público se concentra únicamente en horario matinal. Por ejemplo, habría que estudiar ese encaje. De igual modo, como otro punto a tratar, surge el problema del espacio. El edificio debe albergar en los próximos meses dos juzgados que hasta la fecha estaban en Torrent y Paterna. La ubicación también puede convertirse en un problema.

La iniciativa está impulsada por la Conselleria de Justicia y el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, cuyas respectivas responsables, Gabriela Bravo y Ana Botella, se reunieron la pasada semana en Valencia. El proyecto, que es pionero en España, contará con agentes especializados en violencia machista que se coordinarán con la ayuda que ya ofrecen los profesionales de las veintidós oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito. Algunas estadísticas respaldarían la iniciativa de la Generalitat. Por ejemplo, en 2017, de las 21.366 denuncias por violencia de género que se presentaron en los juzgados valencianos, sólo 664 fueron interpuestas por las propias mujeres víctimas, mientras que 49 fueron presentadas por familiares de las mujeres y el resto (17.880) tiene su origen en atestados policiales.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, entendió que el anuncio de Bravo buscaba sumar méritos y excedía de sus competencias que, según el Pacto del Botánico, quedan adscritas a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. De hecho, la puesta en marcha de estas dependencias era un asunto que Oltra llevaba entre manos desde hacía meses con infructuosas negociaciones con el anterior Gobierno central.

La número dos del Consell quería ubicar esta comisaría en el centro de atención de 24 horas a mujeres maltratadas. Esta propuesta parte de un concepto de víctima diferente, fundamentalmente en el tipo de ayuda que necesitan, entre ambas Consellerias. Desde el departamento de Bravo entienden que los cometidos de Oltra se limitan a la labor de prevención y desde el momento en que se denuncia el caso sería ya competencia de Justicia. De cualquier modo, el proyecto desató una crisis sin precedentes en el Consell y de consecuencias imprevisibles.