Competencia rechaza los pilares de la regulación de Joan Ribó para apartamentos

Las bases de la regulación de los apartamentos turísticos en la ciudad de Valencia ya tropieza con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) antes de ponerse en marcha. El equipo de gobierno que preside Joan Ribó anunció ayer en el Debate sobre el estado de la ciudad la decisión de «limitar el número de alojamientos turísticos en el centro dentro del Plan Especial de Ciutat Vella», iniciativa que se suma a la limitación temporal de la oferta de los alquileres a 60 días.

De hecho, la concejala de Turismo y portavoz socialista, Sandra Gómez, insistió en que estos planteamientos serán la base de la regulación municipal de la materia. Sin embargo, estas se cuentan entre las que han justificado la presentación por Competencia de sendos recursos contencioso-administrativos contra los decretos de Galicia y Castilla y León, el organismo nacional que los textos legales de ambas comunidades incluyen artículos «contrarios a la competencia y a la regulación económica eficiente».

La limitación del número de viviendas se incluye en la nueva normativa gallega, mientras que la fijación de criterios temporales está en las dos, aunque más amplia que en la propuesta de Valencia, ya que en Galicia se planean tres meses y el Castilla y León no da un límite aunque permite esa posibilidad.

Habrá que conocer con más detalle la negociación que Gómez está realizado con las web de alquiler de apartamentos, sobre la que destacó que la capital valenciana va a ser «una de las primeras ciudades de España en llegar a un acuerdo con las plataformas de apartamentos turísticos que permita expulsar de la oferta a aquellos pisos ilegales que perturban la convivencia y no cumplen con sus obligaciones fiscales», según la edil.

No es la primera vez que las administraciones valencianas chocan con estos movimientos judiciales de Competencia. De hecho, lo hace el Anteproyecto de Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad aprobado en mayo por el Consell y que espera ser debatido en Les Corts. Se trata de lo que considera como «obstáculos injustificados» al mercado y que, si no se corrigen o precisan en el trámite parlamentario, pueden enfrentarse a la acción del organismo estatal para el control del mercado.

Se trata de las sanciones a los canales de comercialización (como las web) si los arrendadores no ofrecen el numero de inscripción en el Registro de Turismo, algo que incluye el artículo 89.18 del anteproyecto valenciano. Igualmente, Competencia cuestiona la obligación de poner un distintivo en el inmueble sobre sus características y calificación; y la inclusión de los precios en catálogos, directorio, guías o sistemas informáticos, que se desprenden del artículo 19 del anteproyecto que espera su tramitación en Les Corts.

Lo mismo ocurre con la obligatoriedad de contar con unos requisitos y servicios mínimos en el inmueble vacacional o la posible intervención de la Administración para realizar recomendaciones que puedan buscar la fijación de precios de referencia, como se advierten sobre el artículo 60 de la normativa valenciana en ciernes.