El 80% de compras sanitarias del Botánico en la pandemia registra irregularidades

Tanto el actual Consell como Les Corts se han mostrado proclives durante la última semana a investigar las compras, la contratación realizada en aquel momento. La Sindicatura ya advirtió del caos, que se ha prorrogado hasta la actualidad, tal y como ya adelantó LAS PROVINCIAS a finales de 2021. En Feria Valencia, que durante los meses críticos del Covid se utilizó para centralizar la llegada de material sanitario, aún ahora hay partidas de productos que la Conselleria de Sanidad tiene pendiente analizar, según ha señalado su máximo responsable, Marciano Gómez, que se ha comprometido ha comprobar si hay material que no se usó y que finalmente ha caducado.

En la revisión efectuada por la Sindicatura de los 31 expedientes tramitados por Sanidad, por un importe conjunto de 152,5 millones de euros, se destacan circunstancias sorprendentes. De la treintena de contrataciones, en 25 se detectaron irregularidades, en el 80% de la muestra auditada por la institución.

Entre los adjudicatarios de aquellas operaciones realizadas en 2020 hay empresas que anteriormente permanecían inactivas, y que de repente se utilizaron para efectuar millonarias operaciones, y después volver a quedar dormidas. Entre el material adquirido, mascarillas donde se especificaba que estaba «prohibido» su uso médico, y a pesar de ello fueron repartidas entre los profesionales sanitarios.

La Sindicatura advertía en su informe sobre la actividad contractual de Sanidad en 2020 que no era posible comprobar «en ningún caso», si los plazos entre las compras y su recepción se habían cumplido. Igualmente, «en ningún caso», se pudo verificar «la adecuada ejecución del contrato ni su recepción de conformidad, ni su liquidación, al no constar en los respectivos expedientes la comprobación de dichos extremos». Se incumplió de manera generalizada la ley de contratación pública, incluso aquellas adjudicaciones realizadas bajo el paraguas del estado de emergencia, que facilita y agiliza los procesos, si bien no convierte la Administración en el Salvaje Oeste, aunque en aquel momento parece que sí fue exactamente así.

La auditoría advierte que algunos incumplimientos se agravaron «en aquellos casos en los que se acuerdan pagos anticipados sin que posteriormente se acredite en el expediente que el contrato ha sido ejecutado de conformidad». Llegó lo que llegó y como llegó, y sirvió para enriquecer a intermediarios de todo tipo, así como a empresas de las cuales se sabe el nombre y poco más.

En once contratos de la treintena analizada no había «declaración de la emergencia por parte del órgano competente, a fin de motivar la necesidad del contrato. En otros siete expedientes «no consta un informe técnico justificativo» sobre la oportunidad de esa compra y su motivación. Mientras que en más de una docena de contrataciones se incumplieron los decretos aprobados aquel año, en plena pandemia. Afloran hoy los millonarios beneficiarios de un tiempo caótico sobre el que la Sindicatura advirtió y ahora se pone el foco.