Oltra, en los pasillos del recinto de Valencia donde se reunió Iniciativa el pasado mes de mayo. Irene Marsilla

Compromís abre la puerta a que Oltra pueda ir en listas a pesar de estar imputada

El Consell Nacional de Més aprueba por unanimidad una resolución donde se cita a la exvicepresidenta y se afirma que los militantes «ni debieron ni deberán en el futuro sentirse obligados a dimitir ante un caso de lawfare»

Burguera

Sábado, 6 de julio 2024, 17:39

El Consell Nacional de Més, el partido mayoritario de Compromís, ha aprobado una resolución que supone un rectificado de sus posiciones anteriores respecto a los ... afectados en la coalición por casos judiciales. El organismo de la formación nacionalista abre la puerta a que los imputados o investigados puedan ir en listas electorales en el futuro. La iniciativa se ha aprobado por unanimidad en la reunión celebrada este sábado. La presentó Francesc Gamero, en su momento subsecretario de la Conselleria de Igualdad, ex secretario autonómico de Hacienda e imputado junto a más de una docena de personas en el caso Oltra. La resolución libera a Més, y por extensión a Compromís, de sentirse obligados a pedir responsabilidades políticas a sus altos cargos en el caso de que se vean implicados en un caso judicial que la coalición considere 'lawfare'; es decir, una persecución de un político a través de los juzgados. La cuestión es quién determinará en Compromís la existencia de una situación de 'lawfare' o guerra judicial que afecte a sus dirigentes.

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A nadie del Consell Nacional, cerca de un centenar votaron, se le escapó la intencionalidad de esta iniciativa, que no es otra que abrir la puerta a que la propia Mónica Oltra sea candidata en un futuro si se prolonga en el tiempo el caso en el que actualmente sigue encausada.

La imputación de Oltra fue archivada por el juzgado de Instrucción en abril, pero en junio la Audiencia instó a reabrir la causa, por lo cual el instructor ha activado el procedimiento para iniciar el juicio. El señalamiento, tal y como está la justicia, no se producirá antes de un año, en realidad, bastante más. Ante la posibilidad de que la causa judicial continúe abierta, la coalición reacciona ahora a través de esta resolución que, no obstante, ha generado sorpresa entre la dirección de la coalición nacionalista, si bien nadie ha intervenido para realizar ningún tipo de objeción a la iniciativa de Gamero.

La resolución

El Consell Nacional de Més resuelve, en primer lugar, “solidarizarse con el daño personal, profesional y económico, así como con la afectación al honor, así como reconocer y reparar el daño político, sufrido por todas aquellas personas militantes de Compromís que han sido objeto de lawfare o guerra judicial, por haber ejercido cargos públicos en nombre y representación de nuestro proyecto”.

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Los nacionalistas aseguran “que ningún militante de Compromís debería haberse oído en el pasado, ni debe sentirse en el futuro, obligada a dimitir ante un caso de lawfare. Y pedir disculpas si en algún momento nuestra organización no ha estado a la altura o no ha sido capaz de soportar la presión política y mediática, generada interesadamente”.

Para concluir, en un segundo punto, Més insta “a los órganos de Compromís” (es decir, al resto de la coalición, donde se integran Els Verds y el partido que fundó la propia Oltra, Iniciativa del Poble Valencià) “a adoptar una resolución o acuerdo en términos similares a la presente”. De modo que se hará extensiva a toda la coalición la resolución, en cuya introducción se empieza considerando como real la existencia de estrategias para “utilizar sistemáticamente la acción judicial contra una ideología política o un grupo social”. O sea, el lawfare, una suerte de “guerra judicial que hasta hace poco asociábamos a países con un Estado de Derecho poco consolidado”.

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El argumento de los nacionalistas

En Compromís dan por buena la existencia del lawfare y citan al independentismo vasco y catalán, así como a Podemos como víctimas de él, así como en el propio Compromís. Se cita a concejales de Castellón (Brancal) y Valencia (Fuset), altos cargos del Consell del Botánico (Nomdedéu, Trenzano, Martí, Gimeno, Martínez Llopis), diputados provinciales (Brines, Rius) por cuyas causas judiciales fueron archivadas o que acabaron con absolución. Tras todo ello, se advierte de que, “a fecha de hoy", todavía está en marcha un último caso, "seguramente el de mayor trascendencia tanto por la gravedad de los hechos con los que se pretende asociar a las personas afectadas como por el hecho de atacar directamente a la (ex) vicepresidenta”, Mónica Oltra, “y otras 15 personas”, el propio autor de la resolución (Gamero), así como Rosa Molero (directora general) o Miquel Real (jefe de gabinete de Oltra).

“Resulta incorrecto que, en todos los casos, en abstracto, cualquier actuación judicial relativa a un cargo público tenga como consecuencia automática una responsabilidad política”, afirma la resolución aprobada, que diferencia entre los casos que han afectado a sus dirigentes y altos cargos con “una conducta efectivamente delictiva, cómo podría ser una malversación de fondos públicos con lucro personal”.

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“Més y todo Compromís están en deuda con todas aquellas personas que, por razón de su militancia en la causa del valencianismo progresista y ecologista y de su compromiso con el Poble Valencià (...)”. Y como decían en ‘Bienvenido Mr. Marshall, esa deuda la va a pagar Compromís eximiendo a sus altos cargos de asumir responsabilidades políticas si son investigados judicialmente en casos que ellos consideren que se trata de lawfare. Podrán ir incluidos en listas. Así pues, los nacionalistas, el partido que Oltra consideró que , dentro de Compromís, más hizo el juego al PSPV y a la derecha a la hora de impulsar su dimisión, rectifican y admiten "no haber estado a la altura".

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