JC. F. M.
VALENCIA.
Sábado, 4 de mayo 2019, 00:43
El Botánico II, la reedición del acuerdo a tres bandas entre PSPV, Compromís y Podemos de la pasada legislatura, llegará previsiblemente a buen puerto. Pero la negociación previa, el intercambio de carteras entre las tres formaciones que sustentarán a ese Consell, no será sencillo. Tampoco lo fue en 2015, es verdad. Pero es posible que en esta ocasión aún encuentre más dificultades.
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¿El motivo? El 28-A ha arrojado unos resultados en los que una fuerza política, en este caso la que encabeza Ximo Puig, ha mejorado su posición relativa respecto a las otras dos. Los socialistas ya han advertido de que esa circunstancia debe conllevar un nuevo reparto de carteras, en el que esa nueva proporción de fuerzas se traslade a la composición del Consell. Será un Gobierno con más departamentos y con Podemos como integrante -también EU ha dejado entrever que desea incorporarse al Consell-, y en el que el papel de la líder de Compromís, Mónica Oltra, aún está por definir.
El PSPV pretende un nuevo reparto de competencias. Los socialistas ya han deslizado cuáles son sus prioridades a la hora de diseñar el nuevo Ejecutivo, y que van desde el mantenimiento de la conselleria de Hacienda, que ha dirigido Vicent Soler, hasta la creación de nuevas áreas -se especula con una conselleria de Turismo y con un departamento de asuntos locales, dedicado a la coordinación de las diputaciones provinciales, entre otras novedades-.
Pero la primera discrepancia entre ambos partidos puede afectar a la conselleria de Economía. El área dirigida esta legislatura por Rafael Climent ha estado en el centro de la polémica por distintas cuestiones, hasta el punto de que el nombre del conseller ha aparecido en muchas de las quinielas como la primera opción a ser sustituido en el caso de una crisis de Consell.
El PSPV ya ha dejado entrever que entre sus prioridades figura la de dirigir ese departamento. El análisis que se hace en el Palau de la Generalitat advierte de que la legislatura no puede volver a dejar sobre la mesa y sin solución algunos de los principales quebraderos de cabeza de los pasados cuatro años. Entre ellos, la polémica (y por el momento, fallida) llegada a la Comunitat de la multimillonaria inversión de Intu Mediterrani.
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Las inversiones empresariales se perfilan como uno de los caballos de batalla de la próxima legislatura. Durante la que acaba de terminar, las trabas y los enrevesados procedimientos administrativos han complicado una inversión que siempre ha gustado en el Palau. Economía no es el departamento que más ha hecho para cerrarle el paso a esta inversión, pero en este y en otros asuntos tampoco ha asumido el papel de impulso que se habría deseado.
El PSPV quiere dirigir Economía... pero Compromís también. Las fuentes de la coalición consultadas por este diario señalaron ayer que el criterio de partida de los nacionalistas en la negociación con sus socios del Botánico pasa por poner sobre la mesa un reparto de áreas similar al de la pasada legislatura.
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La coalición que encabeza Mónica Oltra situó a la también vicepresidenta del Consell como responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas, a Vicent Marzà como responsable de Educación, a Elena Cebrián al frente de Agricultura y a Manuel Alcaraz como conseller de Transparencia. El criterio de Compromís apunta a que mantener esas áreas bajo su dirección garantizaría el impulso de las políticas y los proyectos llevados a cabo desde 2015. Y Economía es una de las principales. De hecho, la misma fuente considera que el área de Transparencia, por su 'vinculación' con la Agencia Antifraude impulsada por Podemos, sería la que podría cambiar de manos, a favor de la formación morada.
El criterio de Compromís contrasta, tal y como ha avanzado este diario, con el expresado por los empresarios valencianos, que consideran que un área de tanta sensibilidad como el de Economía debe estar dirigido por una formación política menos ideologizada que Compromís. A su juicio, algunos altos cargos del Consell vinculados al PSPV podrían asumir ese departamento con mayores garantías de estabilidad para el crecimiento económico.
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