Compromís arría la bandera de la financiación: de exigencia a mero postureo

Lo que en su día fuera exigencia clave ante el Gobierno para apoyar la investidura de Pedro Sánchez -«habrá nuevo modelo en ocho meses», vino a decir Joan Baldoví- ha pasado ahora a formar parte como un elemento más del paisaje que compone el discurso de los nacionalistas. Hasta el punto de que su última iniciativa, recuperar para su debate en Les Corts una propuesta rechazada por el Ejecutivo como enmienda a los PGE, no ha llegado a ser presentada.

La primera legislatura del botánico, entre 2015 y 2019, arrancó con la demanda de una modificación del sistema de financiación casi como único asidero político de PSPV y Compromís. Con Mariano Rajoy en la Moncloa hasta finales de 2018, el Gobierno valenciano utilizó la infrafinanciación que arrastra la Comunitat -en especial con el modelo aprobado en 2009- para reprochar al entonces presidente del Gobierno su inacción respecto a esta materia. Hasta una manifestación convocada por la Plataforma per un Finançament Just recorrió las calles de Valencia para visibilizar una demanda plenamente de justicia de los valencianos.

Rajoy salió de la Moncloa, entró Pedro Sánchez, y el estruendo político por la mala financiación dejó paso a la calma. De repente, lo que eran miles de millones de fondos públicos que la Comunitat no recibía dejaron de ser una prioridad política. Silencio absoluto y campaña electoral -autonómicas sumadas a las generales- para renovar el botánico.

2020 arrancó con la investidura de Sánchez y con ese compromiso alcanzado con Joan Baldoví -próximo candidato de Compromís a la presidencia de la Generalitat- con Sánchez: «El PSOE tiene ocho meses para presentar otro modelo de financiación», dijo en enero de ese año el diputado nacional de Compromís en una entrevista. Esa fue la condición que impuso para votar la investidura del renacido líder del PSOE. Los ocho meses, claro está, se cumplían en agosto de 2020. Se cumplen ahora 27 meses -o lo que es lo mismo, más de 800 días-.

La pandemia, es cierto, lo paró todo. No la capacidad del Gobierno central para legislar, pero al parecer sí la de Compromís de exigir. La exigencia de una nueva financiación desapareció de las prioridades políticas, por más que las arcas valencianas continuaran acumulando deuda y más deuda, toda vez que el dinero que envía el Gobierno central a las CCAA son préstamos a devolver.

En noviembre del 2021, hace justo un año, la Plataforma per un Finançament Just convocó una nueva manifestación para exigir al Gobierno la reforma del modelo. Una protesta que Compromís incluso llegó a plantear que se realizara en Madrid, si es que de verdad se pretendía que tuviera un eco real en la capital. Compromís cedió, la marcha tuvo lugar en Valencia y... pinchó de forma estrepitosa.

Desde entonces, el discurso que se ha impuesto en el Botánico, además de abandonar cualquier tono reivindicativo hacia el Ejecutivo central, es el de que en realidad, la Comunitat ya está recibiendo los fondos que reclama con el cambio de modelo. Un hecho real, toda vez que el aumento de la recaudación ha disparado los ingresos por entregas a cuenta y liquidación de la financiación, pero que no impide que la región siga engordando su cuenta de deuda pública -por encima de los 54.000 millones de euros según los últimos datos del Banco de España-.

¿Y Compromís? Baldoví anunció hace poco más de un mes que presentaría en Les Corts una proposición de ley de reforma del sistema de financiación autonómica cuya toma en consideración había rechazado previamente la Mesa del Congreso de los Diputados, al vetarla el Ejecutivo de Pedro Sánchez por suponer un aumento del gasto.

La propuesta, de hecho, proponía que el nuevo modelo de financiación tuviera en cuenta la población de derecho -matiz que beneficiaría a las regiones que más pierden con el cálculo de población ajustada, como Madrid y la Comunitat-, la eliminación de los fondos de Suficiencia Global, de Competencia, de Competitividad y de Cooperación, así como incorporar a1.200 millones de euros para dependencia y 19.854 millones a repartir en atención al peso relativo de la población de derecho de cada Comunidad Autónoma en 2022. Aumentos del gasto que abrieron de par en par la puerta al Ejecutivo central para vetarla.

«Pues la llevaremos a Les Corts», dijo Baldoví. Ha pasado más de un mes de aquel anuncio, y lo que se suponía que sería una iniciativa para dejar en evidencia la inacción del PSOE con la reforma del modelo se ha quedado en... la nada. No hay iniciativa presentada y lo que se asegura desde la coalición es que se busca primero el máximo consenso posible.

Mientras se persigue ese consenso, el Gobierno ya ha abandonado su idea de presentar una nueva propuesta de población ajustada, como la que trasladó en diciembre pasado a las CCAA, o la de responder a las alegaciones que esas mismas regiones presentaron al documento -calificado en su día de 'victoria colectiva de los valencianos'-.

A cuatro meses de que se disuelvan Les Corts, ya hace tiempo que se olvidó cualquier posibilidad de que la reforma pudiera sacarse adelante esta legislatura. Sólo las CCAA presididas por el PP mantienen la exigencia al Gobierno de Sánchez de un nuevo modelo.

El Botánico, por boca de su presidente Ximo Puig en el último debate de política general, repitió que quiere que se reforme la financiación. Y unos días después, en una entrevista con este diario, insistió en reclamar la deuda histórica y un fondo transitorio. Compromís se sumó al comentario, más a modo de relleno que como expresión de la voluntad firme de hacer casus belli del tema.

Ahora, con la cita con las urnas a la vista, exigir una nueva financiación se ha convertido para la formación nacionalista en un componente más de su discurso. La situación de Oltra o la pugna en el seno de la coalición que derivó en la destitución de Mireia Mollà, parecen frentes mucho más importantes para la coalición.