Cuando Compromís sí quería denunciar al Gobierno

La última sesión plenaria celebrada en Les Corts tuvo como uno de sus ingredientes más destacados el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.

Los grupos del Botánico sacaron adelante, con el apoyo de Cs, la abstención del PP y el voto en contra de Vox, una iniciativa que insta al Gobierno a presentar una propuesta de nuevo sistema de financiación con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías en un plazo que no exceda de ocho meses. Ese mismo día, los partidos que apoyan al Consell, PSPV, Compromís y Unides Podemos, rechazaron una propuesta del PP que defendía que el Consell reclamara formalmente al Ministerio de Hacienda los 281 millones correspondientes a la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017 y si transcurridos tres meses no recibía respuesta o esta fuera negativa, emprendiera de inmediato acciones legales contra el Gobierno para solicitar esa cantidad. La iniciativa va en la misma línea que la posición adoptada por otras comunidades presididas por el PP y que han anunciado su decisión de acudir a los tribunales.

En ese debate, Aitana Mas (Compromís) defendió que el actual Gobierno del Botánico había ofrecido «una salida, que no es suficiente, es decepcionante, pero da liquidez» y la Generalitat la necesita. «¿Qué nos debe devolver la deuda? Sí, por eso es insuficiente, pero su alternativa es fake, es una reclamación que no nos lleva a ningún sitio y va a eternizar la situación», proclamó.

Esa posición, la de evitar la judicialización de ese asunto, por parte del partido que encabeza Mónica Oltra dista mucho de la que mantenía ese mismo partido hace seis años. En septiembre de 2014, durante el debate de política general -el último bajo la presidencia de Alberto Fabra-, Compromís presentó una propuesta de resolución por la que Les Corts proponían al Consell que iniciara el «procedimiento judicial» para revertir la injusta situación de infrafinanciación que padecían los valencianos.

¿Cómo? La propuesta reclamaba el reconocimiento de la deuda histórica cifrada por la comisión de expertos de Les Corts en 13.500 millones entre 2002 y 2011. Además, una dotación provisional de 1.800 millones para garantizar los servicios básicos. Y que cualquier reforma del sistema de financiación tuviera efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2014.

Y añadía: «en caso de no recibir una respuesta satisfactoria en el plazo legal de tres meses, que el Consell presente una demanda contencioso-administrativa contra el Gobierno central».

De aquella voluntad de acudir a los tribunales si el Ejecutivo presidido entonces por Mariano Rajoy no atendía las demandas de la Comunitat en materia de financiación -demandas de máximos, todo sea dicho-, Compromís ha pasado ahora a evitarse la posibilidad de denunciar una reclamación, mucho más sencilla, por 281 millones de euros.

Para la formación de Oltra, la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el jueves en el Congreso ha acabado de dejar en evidencia el acuerdo por el que el diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, decidió votar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Porque el acuerdo inicial suscrito con el parlamentario nacionalista fijaba exactamente en ocho meses el plazo para presentar una propuesta de reforma del sistema de financiación. La ministra, esta semana, ha asegurado que la propuesta de esqueleto del nuevo modelo financiero estará listo en noviembre, dos meses más tarde de lo comprometido con Baldoví.