Compromís ya duda de los contratos en Divalterra

La polémica por lo contratos de alta dirección en el seno de Divalterra, la empresa de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, amenaza con abrir una nueva brecha entre PSPV y Compromís en la institución provincial. Los socialistas, que defienden el nombramiento que hizo el consejo el pasado día 19, pretenden hacer otro tanto con los otros cuatro directores de área de la firma. Y Compromís, que votó entonces a favor de la designación, se replantea ahora su posición a la vista de los informes jurídicos en contra.

La Diputación convocará previsiblemente para la próxima semana -habrá pleno el día 27- al consejo de administración de Divalterra. Sobre la mesa, según se dijo en la reunión del mes pasado, el 'ascenso' de los cuatro directores de área nombrados a principios de legislatura para que dispongan de un contrato de alta dirección como el aprobado el 19 de febrero. En aquella reunión, en la que sólo participaron cinco consejeros de los 14 que componen este órgano, los representantes del equipo de gobierno dieron luz verde a la designación de Víctor Jiménez y Lucas Ferrando como nuevos directores de área con contratos de alta dirección. Sobre la mesa de la reunión, el informe elaborado por el secretario de la empresa, Jorge Cuerda, que avalaba los nombramientos. Compromís votó a favor, y así lo reconocieron fuentes de la coalición, gracias a ese dictamen, que se entendió que garantizaba la legalidad de las designaciones.

Un mes después, las cosas han cambiado. Compromís no tiene ni mucho menos claro que aquella decisión se adoptara de forma correcta y duda de si debe hacer otro tanto con los otros cuatro directores de área.

Ayer, en el transcurso de la reunión del grupo socialista de la corporación provincial, algunos diputados recordaron que en el último consejo de administración quedaron pendientes los contratos de alta dirección de otras cuatro personas. Si se cuenta con un alto directivo nombrado por el consejo, y se entiende que esa es la forma legal de hacerlo, habrá que tramitar el relevo de los otros cuatro -nombrados en su día por los cogerentes- y volverlos a nombrar por acuerdo del consejo y con contrato de alta dirección, se justificó desde el PSPV de la corporación provincial.

Pero Compromís no lo ve tan claro. Las fuentes de la coalición consultadas por este diario admitieron que el partido se encuentra en un momento de reflexión de cara a decidir qué se hace con esos otros cuatro cargos. «A la vista de lo que se ha ido conociendo, no tenemos claro que lo que se ha hecho esté bien hecho», admitió una fuente de la coalición.

Ese «esté bien hecho» tiene que ver con la existencia de nuevos informes jurídicos -hasta una docena le entregó la empresa a los representantes de Cs y PP en la firma- en relación con esas contrataciones. Algunos de ellos, como el elaborador por el despacho de Tomarial, claramente en contra de sostener unos nombramientos que no siguen los principios de publicidad, mérito y concurrencia.

Las dudas de Compromís no son una anécdota. PP y Cs ya evitaron respaldar los nombramientos del consejo de 19 de febrero -que sacaron adelante PSPV y Compromís-. Sin el apoyo de la coalición, ni el de estas dos formaciones, los socialistas carecerían del respaldo suficiente como para darles luz verde. Y, al mismo tiempo, se encontrarían con la inexplicable situación de que, de las seis plazas de director de área, cuatro se hubieran nombrado de una forma, el quinto de otra, y la última plaza siguiera vacante.

Fuentes del grupo socialista de la Diputación de Valencia admitieron ayer su preocupación por cómo se están desarrollando los acontecimientos en la empresa de la corporación provincial, y demandaron las «máximas garantías jurídicas» posibles a la hora de llevar a cabo las decisiones relativas a los nombramientos. Un cargo de ese grupo incluso planteó que lo que Compromís trata de evitar es respaldar a sus dos responsables de área -versión que la coalición desmintió de inmediato-.

El debate de los nombramientos en la empresa de la Diputación coincidió ayer, además, con el acuerdo sobre el sector público alcanzado entre la Generalitat y las organizaciones sindicales, y que, en palabras del propio conseller de Hacienda, Vicent Soler, pretende acabar «con la arbitrariedad en el acceso al sector público valenciano que existía en la etapa del anterior gobierno» en la que «la gente entraba por afinidades ideológicas o por amistades».