Compromís le frena a Bravo la EVAP y el PSOE responde con el veto al decreto de servicios sociales

Justicia acudía a la reunión de este pasado jueves con el decreto de creación de la Escola Valenciana d'Administració Pública (EVAP) bajo el brazo. Una de las iniciativas estrella del departamento de la consellera Bravo, entre cuyas funciones se encontrarían las de proponer los métodos de selección más adecuados para el acceso a los distintos cuerpos y escalas del personal de la Generalitat, establecer bases y contenidos de los procesos de selección y promoción de los funcionarios, proponer la convocatoria de pruebas y cursos de selección…

En realidad, funciones y competencias todas ellas que suponían un auténtico jaque mate a las que tiene hasta la fecha la dirección general de Función Pública de este mismo departamento. Una dirección general que, ni que decir tiene, está en manos de Compromís.

Tan es así, que el propio decreto sitúa bajo dependencia de la propia conselleria los «órganos de gobierno superiores» de la EVAP, como la Presidencia, el Consejo Rector, la dirección y la estructura administrativa de las cinco subdirecciones generales que dependerán de la dirección y la comisión permanente de selección. La dirección general de Función Pública se quedaba al margen de todo.

El departamento que dirige Bravo llevó a la reunión de este jueves su propuesta de decreto, después de obtener el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu. El órgano presidido por Margarita Soler había planteado, no obstante, dos observaciones con carcacter esenciales en relación con el contenido del decreto, si bien no alteraban en ningún caso el contenido básico de la norma.

Pero no- En el transcurso de la reunión Compromís expresó su desacuerdo con el impulso de esta EVAP, asumiendo que, efectivamente, su creación suponía en cierta forma vaciar de contenido la dirección general de Función Pública, al asumir la mayoría de competencias de las que dispone este organismo. Sin acuerdo político, la iniciativa se quedaba sobre la mesa.

No es el primer choque entre Bravo y Compromís en relación con el ámbito de la Función Pública. La aprobación de la nueva Ley de Función Pública ya puso de manifiesto las discrepancias entre la consellera y la formación nacionalista. El requisito lingüístico recogido en esa norma, la exigencia de determinados niveles de conocimiento del valenciano y la ampliación o no a ámbitos como el de la Sanidad han venido poniendo de manifiesto choques más o menos reiterados. Otro tanto ha venido ocurriendo con los procesos de estabilización de los bomberos forestales.

Tal y como ha informado este diario, el Gobierno valenciano ha intensificado en las últimas semanas sus propuestas para tratar de seducir a un colectivo que en la Comunitat componen más de 161.000 personas y sus familias. Desde Justicia, donde residen las competencias de Función Pública, ya han comenzado los movimientos que, sin embargo, también han secundado desde otras áreas gobernadas por Compromís, conscientes de que se juegan mucho tratando de satisfacer a los empleados públicos. Para empezar, la Generalitat ha comenzado este año a estabilizar a su plantilla de interinos, con una amplia oferta de plazas, pero sobre todo, ha comenzado a hacer anuncios destinados a mejorar las condiciones de quienes ya trabajan para la Administración.

El último choque entre Compromís y la responsable de Justicia se visibilizó el pasado mes de enero, con el programa piloto de evaluación de objetivos en la función pública, como elemento de promoción interna para mejorar los salarios. La iniciativa de Justicia obtuvo la respuesta de la vicepresidenta y titular de Igualdad, Aitana Mas, que en redes sociales defendió que la prioridad debería ser «agilizar oposiciones para que puedan entrar nuevas personas con plaza».

El choque entre Justicia e Igualdad este jueves tuvo un segundo episodio. El departamento que dirige Aitana Mas llevaba a la reunión el decreto de Regulación sobre tipología y funcionamiento de los servicios, programas y centros de servicios sociales. Un texto que define cómo deben ser los centros de día, los centros residenciales, viviendas tuteladas y los centros mujer en cada uno de los sectores y avanza hacia una atención de mayor calidad para las personas usuarias y una mejora de las condiciones laborales.

Una iniciativa reivindicada por los sindicatos del sector y que el departamento de Mas aspira a sacar adelante antes de que finalice la legislatura. Pero no será por ahora. En la reunión de este jueves, el texto se quedó también sobre la mesa.