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El decreto de teletrabjo que iba a poner orden de manera urgente en la manera de trabajar en remoto de los empleados públicos de la Generalitat tendrá que esperar. El texto, impulsado por la Conselleria de Justicia, que es la que tiene las competencias en función pública, no tiene acuerdo político entre las distintas formaciones que componen el Botánico y, por tanto, y salvo sorpresa, no será hoy aprobado por el Consell. Fuentes de Justicia acusan a Compromís de «torpedear» el decreto, mientras que desde la formación nacionalista recuerdan que los textos que no cuentan con acuerdo de todas las partes nunca se tramitan, por lo que la solución por la que abogan es por consensuar una norma que contente a todas las partes a lo largo de los próximos días.
El teletrabajo ha supuesto una de las principales batallas en el seno del Consell durante el estado de alarma. El departamento que dirige Gabriela Bravo, que tiene las competencias sobre la gestión de las políticas de los funcionarios, ha tenido varios choques con las consellerias gobernadas por Compromís, que siempre han actuado en bloque en este asunto. De hecho, las diferencias han sido constantes durante y después del estado de alarma.
Según trasladan fuentes de Compromís, la coalición ya había trasladado antes de la reunión de subsecretarios y secretarios autonómicos de cada jueves la falta de acuerdo, porque consideran que no se han introducido algunas mejoras que han planteado desde el principio del debate y tampoco algunas de las recomendaciones que planteó tanto la Abogacía de la Generalitat como el Consell Jurídic Consultiu. Así que ayer, a pesar de que el decreto estaba en el orden del día de la comisión, no siguió el trámite por esa falta de acuerdo. Justicia alega que los socios han querido paralizar el texto a pesar de la urgencia que desde el principio habían mostrado en la aprobación de una norma que iba a estar en vigor en 2020. Las mismas fuentes recuerda que el texto tiene el apoyo de la mayoría de los sindicatos y recuerdan que si se cambia ahora el texto tendría que volver a pasar por el Jurídic para su revisión.
Una teoría que rechazan desde Compromís, que recuerdan que el decreto, tal y como está redactado en la actualidad, no recoge una observación esencial del CJC sobre el derecho de los funcionarios de más alto rango (jefes de servicio y subdirectores) a teletrabajar. Además, sigue dejando en manos de la dirección de Función pública la aprobación de los planes de teletrabajo, a pesar de que Compromís y la Abogacía pedían que fuera para subsecretaría. El último punto de fricción está en el máximo de días que se puede teletrabajar. Justicia propone tres y Compromís pide hasta cuatro, como el decreto estatal.
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