Compromís pide que comparezca en Les Corts la responsable del Consell del contrato programa de À Punt

La coalición Compromís, por medio de su diputada Mònica Àlvaro, ha solicitado que la secretaria autonómica de Comunicación, Beatriz Gallardo, comparezca en la Comisión de Radiotelevisión Valenciana de Les Corts para explicar el estado de las negociaciones del contrato programa de À Punt. Y el estado es el mismo que hace dos meses, o peor. Y el de hace seis meses, o peor. En realidad, la negociación se ha estancado y no hay modo de desbloquearla.

En abril de 2019, representantes de la Generalitat y de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) se reunieron en el centro de producción de programas de À Punt, en Burjassot, para constituir la Comisión Mixta de Seguimiento y Control del Contrato Programa de la radiotelevisión valenciana. El objetivo de la comisión es evaluar el grado de cumplimiento del documento que rige la relación entre la radiotelevisión pública y la Generalitat. Ese contrato caducó en 2020. Debería estar trabajándose sobre la actividad del contrato programa vinculado a este año, el próximo y hasta 2023. Sin embargo, la Comisión Mixta no se reúne desde el 29 de septiembre de 2020. Es decir, hace 14 meses.

El Consell y los directivos del Consejo Rector de la televisión pública valenciana no se entienden, de modo que la hoja de ruta del ente, el catálogo de obligaciones y contraprestaciones recíprocas por el cual el Gobierno autonómico inyecta casi 60 millones en À Punt cada año, no se firma. La presidenta en funciones de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, Mar Iglesias, lo reconoció en una de sus últimas comparecencias en el parlamento, y entre otras cosas achacó esa lentitud a que ella misma no puede dedicarse a tiempo completo al asunto, un modo de continuar reivindicando un contrato de alta dirección que el Consell se resiste a darle. El contrato se envía y se reenvía de Gallardo a Iglesias cada pocas semanas, con peticiones por un lado y por otro, y así desde hace meses, y sin reunirse la Comisión Mixta de Seguimiento.

El último desencuentro se produjo por la negativa de Iglesias a emitir misas en valenciano, contra el criterio de Presidencia, el área del Consell del que depende la secretaría autonómica de Comunicación. El Ejecutivo solicitó la retransmisión del oficio religioso los domingos cuando se inició la pandemia atendiendo a la idea de dar un servicio público por la imposibilidad de acudir a los templos tras las restricciones. Presidencia pretendía que se diese continuidad a esa emisión, que À Punt canceló hace un mes, si bien se trata de uno de los elementos que se negocia en el contrato programa ahora mismo bloqueado.

El pasado 2 de noviembre, Iglesias remitió un escrito al Ejecutivo. Desde la Secretaría Autonómica de Comunicación se había pedido la retransmisión de la eucaristía en valenciano. Iglesias pospone la decisión alegando que la retransmisión de ceremonias religiosas es competencia del Consejo Rector y que ha pedido un informe al Consell de la Ciutadania. Un suma y sigue en los desencuentros entre Gobierno y televisión, unas relaciones con muchos altibajos. Durante los primeros años de la actividad de À Punt, desde el Ejecutivo se consideraban en sintonía con el presidente de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, Enrique Soriano, una fluidez que era menor en relación a la directora general, Empar Marco. Y ahora es al revés. Soriano dimitió y se volvió a Les Corts a ejercer de letrado. El Botánico consideró entonces que no había posibilidad de lograr un consenso en el parlamento (con la mayoría del tripartito no era suficiente y necesitaba el apoyo de Ciudadanos o el PP) para elegir a otra persona, de modo que Mar Iglesias se convirtió en la presidenta en funciones. Por otra parte, Marco fue sustituida por Alfred Costa al frente de la dirección general de À Punt. Y ahora, desde Presidencia se mantiene una relación más fluida con Costa que con Iglesias.

Sea como sea, toda la arquitectura administrativa que vincula a la Generalitat con À Punt se encuentra totalmente desfasada, por falta de interés, de entendimiento, o por las dos cosas. El presupuesto de la Generalitat para el próximo año tampoco ha logrado engrasar la relación. Al contrario. El grupo parlamentario Compromís tiene intención de incluir 25 millones de impuestos impagados por À Punt entre las enmiendas que el tripartito (compuesto por el PSPV, Podemos y la propia coalición econacionalista) presentará al presupuesto de la Generalitat para el año próximo. El ente público se dedujo la totalidad del IVA entre 2016 y 2020, algo que desde el Ministerio de Hacienda entienden como incorrecto, y le reclaman una cantidad de 24,8 millones de euros, lo que supone un auténtico quebradero de cabeza para la televisión, que cuenta con un presupuesto para el año próximo de 68 millones. La Plataforma de Asociaciones de Productoras Valencianas ha emitido un comunicado esta mañana en el que reclama que se aumente la partida presupuestaria prevista para À Punt en las cuentas de la Generalitat de 2022 «y se cumpla así la ley de financiación de la radiotelevisión públic»a. Advierten que el audiovisual valenciano se encuentra «en riesgo de desaparecer» y que la propuesta económica actual para la cadena «supondría la destrucción de más de 1.000 puestos de trabajo en las empresas del sector y la cancelación de producciones».

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