Compromís pide cuatro años de cárcel al medio centenar de acusados del PP por el pitufeo

No obstante, las acusaciones populares pueden ejercer libremente su acción. De esta forma, al ceñirse al dictado de la Fiscalía, evita el riesgo de una posible condena en costas en caso de que finalmente haya un pronunciamiento absolutorio para los procesados. Una posibilidad que, sin duda, las defensas tratarán de aprovechar.

Así, la acusación copia las penas que ya solicitó hace una semana la Fiscalía Anticorrupción. Los cuatro años para los simples colaboradores del blanqueo y los quince para Alfonso Grau, el exvicealcalde y mano derecha de Rita Barberá durante su trayectoria. La coalición nacionalista obtuvo en las elecciones de 2015 la alcaldía de Valencia. El periodo en el que supuestamente se gestó el blanqueo fue el de la primera derrota electoral de Barberá tras dos décadas. «El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes en diversas formas de corrupción», comienza el escrito.

La acusación popular sostiene que el PP o altos cargos de la formación han «obtenido grandes cantidades de dinero en metálico originados en regalos entregados en función del cargo que dichas personas ocupaban; dinero generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia o de sus empresas públicas o fundaciones».

La entrega de dinero, las facturaciones de servicios inexistentes a los organizadores de las campañas del PP fueron una supuesta constante en los comicios de 2007. Compromís considera que parte de aquel dinero, con el que se pagó la campaña, «se incorporó al patrimonio tanto de Alfonso Grau« como «al de su amigo y socio Vicente Sáez Tormo, el cual desapareció al final de la campaña del año 2007 y con él las empresas creadas. El hombre falleció un mes más tarde.

La acusación concentra buena parte de las incriminaciones en el papel de Alfonso Grau, jefe de la campaña y «director de la recaudación» de fondos ilícitos para el pago de las campañas electorales. Los investigados han recurrido su procesamiento a la Audiencia. El tribunal tiene la última palabra acerca de la celebración del juicio.

El Ayuntamiento de Valencia no ha ejercido la acusación particular en este asunto. Sí lo ha hecho en otra de las piezas derivadas del caso Imelsa, la del amaño del contrato del Bibliobus, donde una alta funcionaria del Consistorio se sentará en el banquillo.

El Consistorio quiso en su día implicar a una exedil del PP Mayrén Beneyto, pero se le rechazó al estar los hechos prescritos. A continuación, desistió de ejercer la acusación sin más explicaciones. Una decisión que tiene mal encaje con el discurso del alcalde de luchar contra la corrupción y recuperar el dinero supuestamente malversado.