Compromís pide que se exija el valenciano a los funcionarios del Estado en la Comunitat

Compromís participó ayer en un acto de apoyo a una iniciativa de Bildu en el Congreso a la que se han sumado, entre otros, los nacionalistas valencianos, Podemos y formaciones independentistas como ERC, Junts, PDeCAT y la CUP, así como Más País, PNV y BNG, que defendieron ayer en el Pleno del Congreso una proposición en la que reclaman incrementar la exigencia de titulaciones que acrediten el requisito lingüístico en distintos ámbitos de la Administración del Estado, extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, garantizar su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, permitir que figuren en el etiquetado de productos, y reconocer lenguas nuevas, como el asturiano o el aragonés. La votación de la iniciativa se producirá hoy. En el debate de ayer, los socialistas señalaron que no pueden dar su apoyo porque la proposición implica cambios en la Constitución que precisan de mayores consensos, mientras que desde la derecha se incidió en que la propuesta enmascara un intento de generar enfrentamiento social a cuenta de posiciones identitarias enmascaradas en la defensa de las lenguas autóctonas con el fin de promover el independentismo.

La propuesta reclama «garantizar el deber de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en territorios con lengua propia», además del castellano. También insta al Gobierno central a exigir «la capacitación en lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, incluida la de Justicia, su uso generalizado en las páginas oficiales y su reconocimiento a nivel internacional en paridad con el castellano». Eso implica a jueces o personal judicial de todo tipo, pero también a funcionarios del Estado de todos los ámbitos. Además, piden «poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal, que afecta de manera frontal al ámbito económico y singularmente al etiquetado». Además, retoman una reivindicación que, en el caso de la Comunitat, los tribunales han tumbado, tanto el TSJ valenciano como el Supremo. Se trata de «permitir el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas, sin barreras». Es decir, que entre instituciones valencianas y catalanas no se utilice el castellano.

Representantes de la Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, Kontseilua, A Mesa pola normalización lingüística, Nogara, Ciemen, Iniciativa pol asturianu y Acció Cultural del País Valencià han posado frente al Congreso de los Diputados acompañados por diputados de Podemos, Bildu, ERC, PNV Junts, PDeCAT, la CUP, Más País, Compromís y el BNG. Asociaciones por la igualdad lingüística reclamaron poner fin a la «discriminación» que aseguran que el Estado practica contra las lenguas diferentes del castellano, y a impulsar una política «decidida» para extender el conocimiento y el respeto al catalán, el euskera, el gallego o el valenciano en todo el país.

Así lo verbalizaron ayer los representantes de la Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, Kontseilua, A Mesa pola normalización lingüística, Nogara, Ciemen, Iniciativa pol asturianu y Acció Cultural del País Valencià frente al Congreso de los Diputados. Estuvieron acompañados por diputados de los partidos que defienden la proposición no de ley que nació sobre la base del documento titulado 'Plurilingüismo: libertad, igualdad y democracia' promovido por estas entidades, entre ellos Joan Baldoví. Los partidos firmantes dan prioridad a las lenguas cooficiales sobre el castellano en las regiones en las que conviven ambas en una iniciativa contra lo que consideran una «imposición legal del castellano».

En el debate en el Congreso, Baldoví aseguró que se siente «piel roja» cuando acude a distintos ámbitos (registro civil, comisarías) y no puede utilizar el valenciano. «Esta PNL va de democracia. Algunos hablan de separatismo, pero los verdaderos separatistas son los que nos impiden a vivir y a sentir en nuestra propia lengua«, indicó el diputado de Compromís. Desde la bancada de los socialistas, lamentaron no haber logrado llegar a un acuerdo con los impulsores de la iniciativa, el diputado catalán del PSOE Marc Lamuà criticó a la derecha por considerar que persiguen a las lenguas cooficiales y a «algunos» por «victimizar» esas mismas lenguas. «En Cataluña, ni está discriminado el castellano ni en peligro de desaparición el catalán», indicó Lamuà, quien acusó a los proponentes de que su iniciativa «no es constitucional, y si lo aprobamos acabaríamos en sentencias judiciales que nos llevan a la nada. Da igual lo que votemos y no podemos engañarnos. No nos pidan que seamos irresponsables. Hemos estado a punto de llegar a un acuerdo pero nuestro límite era la Constitución y ustedes se la pretendían saltar. Parece que se busca una confrontación estéril«. Los socialistas aseguran estar dispuestos a fomentar el uso de las lenguas cooficiales y «acabar con las discriminaciones lingüísticas, pero nada es suficiente para ustedes, aunque en política lo importante es buscar el punto medio. La mayoría de ustedes lo saben y a algunos de ustedes no les importa».

Por parte del PP, la gallega Ana Belén Vázquez reclamó un bilingüismo amable y consideró que los nacionalistas «usan las lenguas para apoderarse de ellas» y generar crispación: «El gallego no les pertenece. No son guardianes de tesoros. Son de todos. Y a gente como Vox les pedimos que no nos odien por defender y proteger las lenguas dentro de sus respectivos territorios«, indicó Vázquez, para quien el castellano está siendo »relegada« en zonas como Cataluña, ante lo cual »el Estado no puede permanecer impasible. Las lenguas unen y no son elementos de división, sin usar las lenguas como mecanismos de confrontación«. Desde Ciudadanos consideraron »falso« el espíritu de »la libertad lingüística« porque «lo que vienen es atacar al castellano, que les molesta porque es el pilar esencial de lo que tenemos en común como país, y necesitan eliminarlo». La alicantina Marta Martín, de Ciudadanos, denunció que «ustedes creen que una lengua propia equivale a un Estado propio, pero es un concepto xenófobo hacia los somos valencianos, catalanes, vascos o gallegos y somos castellanohablantes y, por tanto, usuarios de una lengua impropia y que nos tenemos que enmendar«.