Compromís y Podemos enmiendan a la totalidad el decreto de fondos europeos

Los fondos europeos son la gran esperanza económica del Consell para relanzar la economía y contribuir a la recuperación tras la pandemia. Sin embargo, el decreto para agilizar los trámites administrativos de cara a la gestión del dinero de Bruselas se ha enquistado. Es decir, el Consell no es capaz de ponerse de acuerdo en cómo reducir la burocracia para adjudicar más rápido todos los proyectos que se financiarán con fondos europeos. Presidencia y Hacienda trataron de llevar al pleno del Consell de la semana pasada el proyecto de decreto ley para reducir los plazos administrativos de numerosos aspectos de la Administración, sin embargo, las consellerias gobernadas por Compromís y Unidas Podemos aseguraron no ser conocedoras del contenido del decreto ley y pidieron más tiempo para estudiarlos. Sin embargo, más allá de revisarlo, las áreas que el PSPV no gestiona han reelaborado el decreto en una suerte de enmienda a la totalidad de la normativa propuesta por los socialistas.

Así, un equipo de cargos de Compromís y de Unidas Podemos ha rehecho el proyecto de decreto inicial y ha incluido numerosas modificaciones que, en algunos casos, suponen un cambio total en la norma. El borrador de los socios, que suponen el 50% del Ejecutivo, es más garantista y aboga por limitar las grandes modificaciones que, si bien iban a suponer una mayor agilización a la hora de gestionar el dinero de Bruselas, relajaban buena parte de los controles previos necesarios para cualquier contrato público. De hecho, el primer cambio supone introducir una frase que es en sí misma una declaración de intenciones. «Todo esto lo hemos de conseguir sin renunciar a la necesaria transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía», reza el texto de nacionalistas y podemistas.

Uno de los principales cambios sugeridos, por ejemplo, devuelve al Consell la competencia para autorizar la concesión de subvenciones de concurrencia competitiva que superen el millón de euros, según la propuesta. El texto presentados por los socialistas elevaba a doce millones de euros el importe de las ayudas que las consellerias podían dar por su cuenta.

Otro de los cambios que se pide revocar es el que marca la necesidad de un informe de presupuestos positivo para sacar adelante un proyecto. En el nuevo texto propuesto se valora de manera positiva el silencio administrativo de la dirección general de presupuestos en caso de que el informe no se emita en un plazo de diez días. Y es que, hasta ahora, una manera encubierta de bloquear cuestiones de gestión entre consellerias o empresas del sector público era el retraso del informe que certificaba la existencia de fondos o el no incremento de los mismos, según aseguran fuentes de las consellerias.

Otro de los apartados que sufre más cambio en la propuesta de los socios es el del uso de la tramitación de emergencias para la totalidad de las actuaciones contra el coronovarius. Así, el órgano de contratación deberá tramitar el expediente con carácter previo a cualquier encargo, donde deber quedar acreditada la existencia de crédito y suficiente. Además, se deberán pedir tres ofertas.

En materia de contratación, se abre la puerta a que puestos vacantes sean ocupados por funcionarios de otras administraciones.