Compromís incluirá en su programa un impuesto a los centros comerciales

La coalición Compromís ha abierto el cajón de los proyectos abandonados de cara a las próximas elecciones autonómicas. La formación llevará en su programa electoral para 2019 la creación de un impuesto valenciano a las grandes superficies comerciales de más de 2.500 metros cuadrados, a excepción de los mercados municipales, gravando sus impactos medioambientales.

La propuesta se toma de Cataluña, Aragón y Asturias, que lo plantearon hace más de cuatro años y que, tras un largo pulso judicial con la asociación de grandes superficies Anged desde 2012, ha terminado por contar con el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, parcialmente en el caso catalán, ya que no se ha admitido la salvedad para los mercados municipales que también plantea Compromís.

La formación transmitió a Europa Press que los primeros 2.500 metros cuadrados de superficie de venta estarían excluidos de la cantidad total a pagar, «que se calculará a partir de todos aquellos metros que excedan de esta cifra». Aunque todavía está por definir, si se articulará igual que en la proposición de ley que se presentó en 2014 en ese sentido, la propuesta plantearía una cuota tributaria de aplicar a la base liquidable del tipo de gravamen de 17 euros por metro cuadrado, que supondría una recaudación de entre 15 y 20 millones de euros.

El texto, que contó entonces con el apoyo de PSPV y Esquerra Unida, y no salió adelante por la mayoría del PP; preveía una bonificación del 5% para establecimientos comerciales a los que se acceda con tres o más medios de transporte público y otra del 5% cuando cuente con un espacio superior al 10% de la superficie total destinada exclusivamente a la venta de productos de comercio justo.

También contemplaba una bonificación del 50% para establecimientos comerciales individuales dedicados esencialmente a la venta de bricolaje, mobiliarios, artículos de saneamiento, puertas y ventas; jardinería; vehículos; materiales de la construcción y suministros industriales; y combustible, siendo necesario que al menos el 75% de los ingresos derivados de la actividad de la venta al por menor provengan de estos mismos productos.

La recaudación de este impuesto servirá para dotar un Fondo Valenciano para la Innovación y la Sostenibilidad del Comercio, como instrumento de la Generalitat para hacer frente a los pagos de aquellas subvenciones, ayudas, conciertos y otras obligaciones con los sectores vinculados a la innovación, la investigación y el desarrollo, «actualmente en situación crítica por los impagos de la administración autonómica», apuntan desde Compromís. También se podrá destinar a medidas de promoción y modernización del comercio de proximidad, infraestructuras de equipamiento municipal y urbanismo comercial y planes de actuación de dinamización comercial.Compromís considera que los motivos que llevaron a presentar la moción entonces siguen vigentes. En su opinión, «la grave situación que atraviesa el sector del comercio es consecuencia tanto de la competencia desleal de las grandes superficies como por una falta de poder adquisitivo de la ciudadanía que ha deprimido la demanda interna en los últimos años».

Ahora, su intención es establecer un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales que grave el impacto urbanístico y medioambiental que concurre en determinados establecimientos implantados como grandes superficies. Para Compromís, las dudas jurídicas sobre la compatibilidad de este impuesto autonómico con la normativa europea en cuanto a la posible existencia de una ayuda del Estado o posibles discriminaciones frente a otros formatos comerciales han quedado resueltas favorablemente en recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).