Compromís se suma a Cantó y también pide para la Comunitat el mismo déficit que el País Vasco

El libro que contabiliza los extraños compañeros de cama que propicia la política dispone desde ahora de un nuevo asiento. ¿Es posible que Compromís y Ciudadanos coincidan a la hora de proponer una medida vinculada con la infrafinanciación de la Comunitat, una iniciativa que aluda al País Vasco y a la vez ponga en un aprieto al PSPV? Es posible. Está ocurriendo. Los nacionalistas valencianos se sumaron ayer a la idea de Ciudadanos, presentada un día antes por su portavoz, Toni Cantó, para reclamar al Gobierno central que ofrezca a la Comunitat unas condiciones a la hora de rebasar el techo de déficit similares a las que se han establecido para el País Vasco. Se da la circunstancia de que el Ejecutivo central está liderado por el socialista Pedro Sánchez y cuenta como vicepresidente con el podemista Pablo Iglesias. Por todo ello, este hermanamiento entre las huestes de Mónica Oltra y Toni Cantó señala tanto a los exsocios (electorales) de ella, los morados, como a los socios en gobiernos municipales de él, los socialistas valencianos, que a la sazón llevan cinco años compartiendo el Consell con la líder de Compromís. Es complicado lograr mayor confluencia y enredo político en una sola maniobra.

Compromís registró ayer una Proposición No de Ley (PNL) en la que se pretende que Les Corts insten al Consell a que se dirija al Estado para reclamar que se permita que la Comunitat «pueda tener un déficit público asimétrico, como mínimo equivalente al concedido al País Vasco, por tal de tener acceso a una liquidez vital para el mantenimiento de servicios públicos fundamentales» en la región, «teniendo presente que la actual financiación autonómica perjudica nuestro acceso a recursos en similares condiciones que el resto de comunidades autónomas». La iniciativa la firma Aitana Mas, la portavoz adjunta de Compromís, que niega que sea una copia de la propuesta de Ciudadanos, sino un modo de facilitar que llegue a buen puerto.

El pasado martes, Cantó anunció que había trasladado a todos los grupos parlamentarios el texto de una declaraciones institucional con el fin de promover su aprobación en Les Corts. Para que el documento vea la luz sería necesario que todos firmasen a su favor, una unanimidad complicada de conseguir, entre otras cosas porque no es probable que el PSPV se sume a una petición que busca rectificar el tope de déficit para la Comunitat que establece el Ministerio de Hacienda. Si la declaración no es firmada por todos, ni se aprobará, ni entrará en el orden del día. Compromís, al presentar la PNL da a entender su asentimiento a la iniciativa; sin embargo, quizá no todo el Botánico esté en la misma posición. La presentación de la PNL nacionalista obligará a debatirla, se apruebe o no. Mientras que Cantó pretendía que todos se pronunciasen a favor o en contra, los nacionalistas quieren escenificar y argumentar esas posiciones, lo que puede dejar en mal lugar a aquellos que no hayan querido secundar la declaración institucional de Ciudadanos, en el caso que así sea. De este modo, la maniobra de Compromís apuntala el reto lanzado al Botánico por parte de Cantó. En política, vivir para ver.

Según explicó detalladamente el martes Tony Woodward diputado de Cs que acompañó a Cantó, la petición supondría pasar del déficit autorizado para los valencianos del 0,2% del PIB al 2,6 % (límite autorizado para el País Vasco), lo que redundaría, partiendo de la base de los últimos presupuestos autonómicos, en alrededor de «3.000 millones de euros más para Sanidad, Educación y Políticas Sociales». Cantó recalcó que prefiere «3.000 millones de euros reales a 1.300 millones ficticios», en alusión a los ingresos que anualmente presupuesta el Consell ligados a la reforma del modelo de financiación.

La Generalitat incumple sistemáticamente el déficit fijado para la Comunitat por el Gobierno central, lo que implica que a partir de mitad de cara ejercicio desde el Ministerio de Hacienda se exijan recortes, exigencia que acaba con el tijeretazo a las partidas de difícil ejecución. Esta rueda se cumple cíclicamente desde hace años. Lo que se busca con la iniciativa de Ciudadanos, y ahora también de Compromís, es que el Gobierno autorice ese exceso de déficit sin que luego lleguen las represalias.