Los compromisos que el Consell sigue sin cumplir

Los inicios de año son épocas de buenos propósitos y de promesas. Esta costumbre no es diferente en el mundo de la política. Los presidentes autonómicos acostumbran a trufar sus discursos de días señalados con planes estrella, megaproyectos y originales iniciativas. Ximo Puig, jefe del Consell, también ha recurrido a estas estrategias de marketing. El problema llega cuando las buenas intenciones se debilitan y los anuncios -y nada más que ellos- se acumulan a otras ambiciosas propuestas de cara a la galería. Este es el caso del Ejecutivo valenciano, que aún tiene pendiente la ejecución de alguno de sus planes estrella en esta legislatura. Si quiere cumplir su palabra, le queda apenas año y medio hasta la próxima cita electoral.

El 1 de enero de 2017, el presidente Puig anunció un plan de retorno de talento que sirviese de freno a la fuga de cerebros de la Comunitat. La iniciativa, dotada con 45 millones de euros, pretendía atajar un problema que evidencian encuestas como la del Círculo de la Formación, que revela que más de la mitad de los jóvenes valencianos están dispuestos a trabajar fuera de España por la actual situación. Tras cinco meses sin ninguna novedad, la medida, bautizada como 'Plan GenT', tomó algo de aire con el anuncio oficial. Sin embargo, el programa no ha llegado a ejecutarse en su totalidad . Fuentes de la conselleria de Economía admiten que está parado. De hecho, el avance más significativo fue una reunión celebrada en verano entre los departamentos implicados.

Otra iniciativa que permanece en un cajón consiste en un plan de choque para evitar la muerte de ciclistas. El Consell anunció este programa después de unas semanas negras en la Comunitat, que registró cinco accidentes mortales. Tras una reunión del Ejecutivo valenciano con decenas de entidades y la Delegación del Gobierno, se decidió que una comisión trabajaría durante un mes para concretar medidas con las que atajar la siniestralidad. Pero el plan no termina de arrancar. Las instituciones colaboradoras afirman que desde que se reunieron el pasado mes de junio no han tenido más noticias.

El rescate a municipios en bancarrota es otra de las iniciativas pendiente del Ejecutivo valenciano. El presidente lo anunció en mayo en la localidad de Vallada, uno de los ayuntamientos más endeudados de España. Su objetivo: reducir las deudas locales por la mala gestión. Este plan beneficiaría ayuntamientos especialmente relevantes para los socialistas.

Gandia es otro de los ejemplos de cuentas en números rojos. Arrastra una deuda que le está costando reducir enormemente. El Ministerio de Hacienda ya amenaza con intervenir. Desde la Conselleria de Hacienda mantienen que ya se han dado los primeros pasos, pero no se han concretado medidas para poder desarrollarlo.

À Punt, la nueva radiotelevisión valenciana, es otra de las promesas pendientes del Consell. Pese a los innumerables retrasos en la reapertura de medios públicos -la televisión estaba prevista en octubre de 2015- será este ejercicio cuando tengamos la sucesora de Canal 9. A día de hoy la radio ya se encuentra en funcionamiento pese a no contar con informativos. La directora de À Punt, Empar Marco, aseguró que antes de verano tendrán lugar las primeras emisiones de la televisión.

El proceso de reapertura ha tropezado con escollos importantes, que podrían retrasar la puesta en marcha. La Unió de Periodistes recurrió ante la Justicia por las bolsas de trabajo temporales. La organización reclamó la paralización del proceso de selección al considerar que se ha vulnerado el principio constitucional de igualdad al conceder excesivos privilegios a los extrabajadores de RTVV frente a los nuevos aspirantes a ocupar una plaza.

La Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito fue un proyecto anunciado como inminente en septiembre 2015. Casi dos años después sólo se ha realizado un decreto que el Consell Jurídic Consultiu y la Abogacía de la Generalitat censuraron por su escasa concreción. Durante este tiempo no se ha incorporado ningún trabajador ni se han abierto nuevas oficinas. Además, por si todo lo anterior no fuera suficientes, esta red ha sido materia de conflicto y guerra de competencias entre Gabriela Bravo, consellera de Justicia y Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat, que quiere el control de esta área en su propio departamento.

En el plano medioambiental destaca el programa de retorno de envases, el llamado SDDR, un propósito personal de Julià Álvaro, secretario autonómico de Medio Ambiente y líder de Els Verds (el partido ecologista minoritario dentro de Compromís). El número dos de la conselleria que encabeza Elena Cebrián abanderó un proyecto innovador en toda España que tomaba como ejemplo los países del norte de Europa para establecer un sistema de reciclado que permitía el retorno de los envases al comercio.

La propuesta resultaba hasta siete veces más cara que el actual procedimiento de contenedores porque implicaba la implantación de sofisticadas máquinas en los establecimientos lo que repercutía a su vez en el incremento de los precios. La medida generó el rechazo casi unánime de todo el sector empresarial. Álvaro, en cambio, se mostró reacio a negociar y buscar una salida pactada. Una situación que obligó a Puig y a Cebrián a intervenir. El proyecto ha sido descartado para esta legislatura.

Desde los partidos firmantes del Acord del Botànic se apostó por llevar a cabo medidas para frenar el cambio climático, asunto de vital importancia a medio-largo plazo. Esta lucha no se ha materializado en nada concreto salvo la Agencia del Cambio Climático, que impulsó Podemos en la negociación de los presupuestos de 2018, pero que no contó con el respaldo de PSPV y Compromís. Desde las filas socialistas son muy críticos con esta materia. María Diago, secretaria de Cambio Climático en la Ejecutiva del PSPV, ha reconocido públicamente el fracaso en esta materia.

Vicent Marzà, conseller de Educación, así como todo el gobierno valenciano realizaron una gran apuesta al inicio de la legislatura: acabar con los barracones escolares. Estas estructuras provisionales se multiplicaron durante los gobiernos populares. La promesa del bipartito, de alto significado político, era realmente difícil de llevar a cabo en una legislatura. Desde el primer momento, en el PSPV y Compromís vieron que esta era una medida irrealizable y para atajar el problema propusieron un nuevo plan, Edificant, que fue anunciado en el debate de política general, una de las citas más relevantes del año en Les Corts.

La nueva medida para la construcción, reforma y mejora de los centros educativos de la Comunitat contempla una alianza entre la Generalitat y los Ayuntamientos para agilizar la puesta en marcha de nuevas infraestructuras educativas.

Otro propósito de la Generalitat era eliminar dos empresas públicas vinculadas directamente con la corrupción durante los gobiernos del Partido Popular. Se trataba de Ciegsa y la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV). La primera fue creada para gestionar la construcción de colegios. Un juzgado investiga hoy el amaño de las adjudicaciones a cambio de comisiones. Este dinero presumiblemente servía también para financiar las campañas electorales del PP. La segunda sociedad también registró prácticas supuestamente irregulares en su papel en la controvertida organización de Fórmula 1. La empresa asumió el pago del canon de la prueba a Bernie Ecclestone.

En la conselleria de Sanidad, uno de los departamentos más cuestionados del Ejecutivo valenciano, tampoco han podido cumplir su palabra. La consellera Carmen Montón apostó por una reducción significativa de las listas de espera. Lejos de ver su anuncio hecho realidad, la espera se ha incrementado en diferentes periodos. En cualquier caso, no se han podido reducir de manera significativa. Puig mantiene este compromiso en su agenda.

Este ejercicio debería ver la luz de forma definitiva la Oficina de Control de Conflicto de Intereses, un ente adscrito a la conselleria de Transparencia, que tiene el objetivo vigilar que los miembros del Consell no incurran en incompatibilidades ni conflictos en el ejercicio de sus funciones. Cuenta con 500.000 euros de presupuesto.

El discurso de Año Nuevo del presidente de la Generalitat, a diferencia de anteriores ocasiones, no contó con grandes anuncios. El parlamento se centró más en reivindicar un nuevo sistema de financiación autonómico, en este caso una promesa pendiente del Gobierno que preside Mariano Rajoy. Unos días antes, en la tradicional entrevista del día de Navidad en la cadena Ser, el presidente sí lanzó una estrategia para transportes e infraestructuras hasta 2030.

Los diferentes sectores empresariales habían reclamado recientemente y con insistencia un pacto global que permitiera planificar en esta materia, por lo que el jefe del Consell optó por plantear un proyecto que comenzará a perfilarse este mismo enero. También está prevista una convocatoria que reúna a contratistas, patronal y ayuntamientos para «intentar generar un acuerdo» que logre poner en marcha una estrategia consensuada por la movilidad, el transporte y las infraestructuras valencianas. Desde el Consell persiguen el objetivo de que esta estrategia tenga un alcance para el período 2018-2030 con el objetivo de «concebir una actuación global pensada en la movilidad del ciudadano desde la colaboración público-privada».