La Comunitat, donde más crecerá la deuda pública en los próximos tres años: 6.449 millones

El análisis señala, además, que La Comunitat será la tercera donde más se encarezcan los intereses de esa deuda, de tal modo que en los próximos tres años se pagará, solo en concepto de gastos financieros, más de 1.000 millones de euros que en el último ejercicio cerrado, en 2023, cuando se tuvo que abonar por gastos financieros de la deuda más de 800 millones de euros. Pues en 2027, según el informe de Fedea, la Comunitat pagará 1.893 millones, un 129% más que respecto a 2023 y un 424% más que en relación a 2022. En cinco años, los valencianos pasan de pagar 361 millones de euros en intereses a los 1.893 millones que costarán los números rojos de la Administración valenciana en 2027, que se elevarán en total hasta los 61.483 millones de euros.

En tales cifras, la Comunitat no tiene rival. Nadie se le puede comparar, de ahí que el Gobierno central, con su ministra Montero a la cabeza, reconozca el modo en que el modelo de financiación desangra año tras año las arcas valencianas. Sin embargo, ese sistema de reparto caducó en 2014 y ya se verá cuándo se rectifica. También lo lamentaba y admitía el ministro Montoro, del PP, antecesor de Montero, pero ni uno ni otro pusieron sobre la mesa un nuevo modelo de financiación para la Comunitat.

Hasta que eso ocurra, tanto el PP al frente del Consell, como Compromís desde la oposición pero como socio del Gobierno central, claman por la puesta en marcha de un fondo de nivelación.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, manifestó este viernes su satisfacción tras la cumbre de barones territoriales del PP en la que el partido en su conjunto asumió las tesis valencianas de la urgencia de que se ponga un marcha ese fondo, que debería aportar cada ños 1.200 millones extra. Sin embargo, el Ejecutivo central en Madrid y el PSPV en Les Corts lo rechazan.

Los socialistas valencianos sí consideran necesaria una condonación de la deuda. Esa quita va en consonancia (y directamente motivada) con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya prepara para Cataluña tras el pacto con los independentistas para que Salvador Illa fuera presidente del Govern catalán.

No obstante, la ministra y vicepresidenta María Jesús Montero ya advirtió que quien quiera una quita de deuda «similar« deberá acometer un «esfuerzo fiscal similar» al de Cataluña.

El informe de Fedea también señala que, en vista de que la deuda de las comunidades sigue incrementándose y que los intereses propiciarán que los gastos financieros (los intereses) se disparen, las comunidades autónomas «deben calibrar con mucha prudencia todas las políticas fiscales expansivas que ahora y en los años venideros pueden desarrollar», ya que es «prioritario la puesta en marcha de una estrategia fiscal creíble a medio plazo que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas».

Mazón, en el balance que realizó el pasado sábado durante las primeras jornadas de convivencia del Consell, que se celebraron en Gandia, ya advirtió de que el Gobierno valenciano debía hacer un importante esfuerzo este año para pagar deuda e intentar frenar el ritmo de los números rojos heredado de la etapa del Botánico. En los ocho años que pasaron entre 2015 y 2023, la deuda pública se incrementó más de un 40%, en un total de 17.000 millones de euros, a la espera de una financiación que nunca llegó.

«Nuestra previsión es reducir en 800 millones la losa deficitaria del Botánico», aseguró Mazón, quien explicó que los pagos satisfechos por la Generalitat en lo que va de año «rebasan los 17.914 millones de euros, lo que supone 1.493 millones más que la cantidad desembolsada en los siete primeros meses de 2023». Sin embargo, la triste realidad es que una parte muy importante de ese aumento de los pagos no ha ido destinado a inversiones, sino a pagar deuda. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, también reslató hace un mes esa diferencia a favor del actual Consell en cuanto al incremento de los pagos durante la primera mitad del año, y la realidad es que cerca del 90% de la diferencia son pagos destinados a la deuda.