El TSJ condena a Sanidad a dar los datos de los que se vacunaron irregularmente

Nueva condena al Gobierno del Botánico por la falta de transparencia. En este caso, el reproche del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) está dirigido a la Conselleria de Sanidad, dirigida por Ana Barceló, por no facilitar los datos de las personas que supuestamente se beneficiaron de las vacunaciones irregulares contra el coronavirus.

El PP inició la vía contenciosa a raíz de que el diputado José Juan Zaplana solicitara el listado «de todas las personas a las que se les ha administrado la vacuna sin estar incluidas en la lista inicial de grupo prioritario para la primera fase de vacunación». Reclamaba, además, que se especificara cuando se tratara de funcionarios y el puesto que ocupaban. En aquel momento se dio el caso de alcaldes y responsables municipales que aprovecharon su condición de representantes para 'colarse' en los protocolos que tenía establecidos el Ministerio de Sanidad. Alguno de los beneficiados, como los alcaldes de El Verger y Els Poblets, ya se encuentran imputados por un juzgado. No es la única de las diligencias de Fiscalía que se ha judicializado. Se investiga la comisión de un delito de cohecho al aceptar la dosis en virtud del cargo que ocupan en la administración local. En Rafelbunyol, por ejemplo, también se vacunó su alcalde como presidente de la residencia.

La sentencia considera que la Conselleria debió facilitar determinada información. En concreto, el número de personas en esa situación, indicando cuántas de ellas ostentaban la condición de funcionarios. Pero deja al margen, la identidad y la fecha de la vacunación «por afectar a la intimidad». No obstante, existe un voto particular que defiende incluso el traslado de toda la documentación incluyendo esos datos, según Europa Press.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que es «bueno», si así lo ha dicho la Justicia, que se conozca cuales son las personas que se saltaron los protocolos. La portavoz socialista de Sanidad, Carmen Martínez, por su parte, subrayó que la respuesta de Sanidad al PP «se ajustó estrictamente a la normativa vigente de protección de datos».

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