Condenado el exjefe de Vaersa por pagar 800.000 euros a un abogado con un contrato verbal

El exdirectivo acumula cierta experiencia en los tribunales. Fue condenado por el pago irregular de la productividad, por la compra de todoterrenos para la firma y ahora, esta última semana, lo ha sido por los pagos sin control a un letrado. En total se le abonaron 890.000 euros sin ninguna cobertura legal, «con un contrato verbal». Todos estos procedimientos arrancaron gracias a una denuncia de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El abogado beneficiado era Vicente Bru, hermano de Segundo Bru, exconseller socialista en la etapa de Joan Lerma. Este profesional no ha sido juzgado debido a su delicado estado de salud. El caso se ha archivado provisionalmente contra él.

El juzgado de lo Penal número 15 de Valencia le ha impuesto seis años de inhabilitación. Una condena que no tendrá consecuencias efectivas para Espinosa, alejado ya de cualquier espacio de la gestión pública. El exdirectivo, no obstante, logró salir indemne del asunto más comprometido para sus intereses después de que un jurado popular le absolviera de cargar gastos particulares a la tarjeta de la empresa.

La sentencia detalla como Espinosa eludió el procedimiento administrativo y mantuvo al letrado al servicio de la empresa «con un contrato verbal». Esto, conociendo la alta litigiosidad de la empresa, llevaría a una facturación que superaría ampliamente los límites del contrato menor. Además, Vaersa disponía de un convenio con la Generalitat para que la Abogacía defendiera los intereses de la sociedad, posibilidad que apenas se utilizó.

La magistrada concluye que el comportamiento de Espinosa no se asienta en el desconocimiento sino que cree «en la conciencia de la injusticia de las actuaciones». Por ejemplo, poner como argumento el hecho de que ignorara los informes de la Sindicatura donde se alertó de ese tipo de contrataciones. Estas advertencias figuran también en las correspondientes auditorías. Pero Espinosa hizo caso omiso.

De igual modo, la juez determina que el directivo sí conocía la existencia del convenio con la Generalitat, que hubiera ahorrado miles de euros a las arcas públicas. Además, pone el foco en las elevadas minutas que pasaba el letrado al cobro, desproporcionadas de acuerdo a los honorarios del Colegio de Abogados, pero también de otras empresas públicas, según el informe pericial de la Agencia Antifraude preparado para este procedimiento. Surge ahí también el reproche hacia el directivo. «No le parecieron excesivos ni recabó información o estudio respecto a los elevados costes, sin existir hoja de encargo de los trabajos encomendados».