Un conflicto entre el fiscal y la Audiencia lleva a declarar firme la absolución de Alfonso Rus

Las discrepancias entre el fiscal y la sección Quinta de la Audiencia han derivado en la firmeza de la absolución de Alfonso Rus en el caso del call center. Se trata de algo inesperado, al menos, en los tiempos tan prematuros en los que se ha producido. El fiscal anunció su intención de recurrir. Pero sostenía que debía hacerlo al TSJ, mientras los magistrados defendieron que el recurso debía dirigirse hacia el Tribunal Supremo.

El responsable del ministerio fiscal formuló una queja antes esta interpretación de la sección Quinta, procedimiento que acaba de ser resuelto por el propio TSJ dando la razón a sus compañeros. En todo este interin, al parecer, el fiscal ha agotado los plazos. La Audiencia acaba de dictar un auto por el que otorga firmeza a la sentencia que dictó en su día. La primera pieza de todo el caso Imelsa que adquiere firmeza. Y es favorable al expresidente de la Diputación de Valencia.

Al margen de Rus, también estaban en el banquillo de los acusados, el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero'; su exsuegro, Mariano López. La Audiencia absolvió a todos los anteriores, más dos funcionarios de la Diputación --Salvador Deusa y Ricardo de Ángel-- y dos familiares del dueño de Servimun --Vicenta y Concepción Torregrosa-- de la pieza del Call Center, en la que se investigaron presuntas irregularidades en la adjudicación y prestación del servicio de atención telefónica de la Diputación que desarrolló la empresa Servimun.

El juicio se celebró entre el 25 de abril y el 5 de junio del pasado año y Fiscalía retiró acusación para un octavo acusado, Fernando P.R., debido a su estado de salud.

Los siete acusados de delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales defendieron su inocencia hasta el final del juicio y, en concreto, Rus, que se enfrentaba a ocho años de prisión, lamentó que lo único que se vio en la vista era que se había divagado y que se había intentado ir contra él.

Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa adjudicó a Servimun por casi 843.000 euros el contrato para un centro de atención multicanal --telefónica y telemática-- que facilitara información a los contribuyentes sobre determinados tributos municipales. El contrato tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015 y no se prorrogó.

En relación con el contrato, la Audiencia consideraba en la sentencia que no se había probado que los miembros de la Mesa de Contratación hubieran sido obligados por Salvador Deusa a decidir en favor de Servimun ni que hubieran recibido algún tipo de presión en ese sentido de ninguna otra persona.