El Congreso debate sobre el 'dedazo' que coloca a la subsecretaria de Bravo en un ente gubernamental

El PP y PSOE pactaron repartirse una serie de cargos en organismos gubernamentales entre los que hay alguno que no puede asignarse más que tras convocarse un concurso público. El escándalo generado por este clásico 'dedazo' ha traspasado las fronteras nacionales. En Bruselas están atentos al modo en que se pretende situar al frente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a Belén Cardona, subsecretaria de la Conselleria de Justicia que lidera Gabriela Bravo. El Congreso debate esta próxima semana el modo en que los mecanismos garantizan la independencia de unos organismos para los que los partidos pretenden elegir a sus favoritos (a Cardona la propone el PSOE) sin una libre concurrencia competitiva entre candidatos.

El Congreso ha establecido que se reunirá una subcomisión vinculada a los trabajos de la Cámara en relación a la calidad democrática, y en este marco se debatirán las propuestas con el fin de mejorar la independencia e imparcialidad de los organismos reguladores y autoridades independientes de los entes gubernamentales. La comisión acordó a principios de diciembre discutir un documento que afectaría un total de siete organismos independientes: AEPD, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

La idea es que se pongan en marcha normas que garanticen la independencia de estos organismo, imparcialidad, transparencia y suficiencia presupuestaria, así como los nombramientos de sus responsanbles y que tengan que rendir cuentas ante las Cortes, y también el Gobierno sobre la aplicación de las recomendaciones que éstas le hagan. En el caso de la AEPD, la necesidad de que la elección se realice a través de un concurso público ha puesto en el disparadero a Cardona. El Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez incluyó la renovación de la AEPD en el pacto que cerró con el PP a finales de octubre para designar nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Miembros del Consell y destacados dirigentes del Botánico felicitaron a Cardona por su designación, un nombramiento que debe producirse tras un concurso. De hecho, un mes después se convocó ese concurso, al que se han presentado casi una decena de aspirantes, incluida la propia Cardona, que aspira a suceder en el puesto a Mar España por un periodo de seis años y con un salario que actualmente asciende a cerca de 97.000 euros al año. Fuentes del Consell vinculadas al PSPV confían en que, a pesar del revuelo internacional, Cardona finalmente salga del Consell y se instale en la AEPD.

Si hace diez días fue Podemos el que cuestionó el proceder de los dos grandes partidos a la hora de colocar a sus afines, esta semana le ha tocado a Ciudadanos reclamar un poco más de transparencia y respeto a los procedimientos legales y menos enjuagues entre socialistas y populares.

Ciudadanos exigió al Ministerio de Justicia que ponga fin a su silencio y tome nota de la advertencia de las instituciones comunitarias sobre el concurso público para renovar la cúpula de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Según la legislación, tras evaluar a los aspirantes, es el Gobierno a propuesta del Ministerio, el que debe proponer candidatos ratificados por la comisión de Justicia en el Congreso.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Cámara Baja, Edmundo Bal, recordó que el supervisor datos europeo «ha puesto el grito en el cielo» por el proceder del Gobierno. «Primero se reparten los cargos y luego abren una convocatoria para hacer un teatrillo y una pantomima y elegir, no a los mejores, sino a sus amiguetes ya pactados».

«Justicia no dice absolutamente nada y parece que se sorprenden de que en Europa no gusten los enchufes y las tropelías», comentado el dirigente de Ciudadanos, que reprocha también a miembros de Podemos por «hacerse ahora los ofendiditos y los indignados» por la actuación de su propio Gobierno.

A juicio de Bal, «clama al cielo» que el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, tras apoyar a los candidatos propuestos por el PP para el TC como Enrique Arnaldo o Concepción Espejel, ahora pida explicaciones a su propio Gobierno en el Congreso sobre la posibilidad de que Bruselas acabe interviniendo si no se respeta el mérito y capacidad en la elección de la cúpula de la AEPD.

Lo que no menciona Bal es que el número dos del supervisor europeo de datos, el organismo que ha señalado desde Bruselas que investigará el modo en que se ha maniobrado para colocar a la subsecretaria de Bravo al frente de la AEPD, es Leonardo Cervera-Navas, que también se ha presentado al concurso público convocado después de anunciarse que Cardona sería la que dirigiría la agencia. De hecho, Ciudadanos inició sus presiones en Bruselas antes incluso de que la convocatoria del concurso, cuando ya se sabía que la alto cargo del Botánico iría colocada a la AEPD.

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