El Gobierno evita aclarar si vetará las iniciativas contra el IRPF del SMI en pleno cisma interno

El Ejecutivo dispone ahora de 30 días para decidir si se acoge a la prerrogativa del artículo 134.6 de la Constitución –que exige su conformidad para tramitar en el Parlamento cualquier iniciativa que «suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios»– e intenta vetar debate. A pesar de que en Moncloa insisten en defender la posición de Hacienda y no se apean de su rechazo a una nueva modificación de la ley del IRPF, la ministra portavoz, Pilar Alegría, evitó confirmar que se vaya a dar ese paso. «Me van a permitir que no adelantemos ninguna pantalla», dijo al término del Consejo de Ministros.

La vicepresidenta segunda, María Jesús Montero –que cifró entre 1.700 y 2.000 millones de euros la merma de recaudación que supondría aprobar los citadas iniciativas– sí blandió la posibilidad de ejercer su veto el pasado viernes, cuando se pronunció por primera vez sobre la polémica después de tres días alejada de los focos por una gripe. Desde el primer día varías voces tanto en el PSOE como en Sumar expresaron su convicción de que la discrepancia se resolvería antes de llegar a ese punto. Ahora no está tan claro.

El eventual veto gubernamental no se aplica de forma automática. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo debe motivarlo y precisar las partidas concretas del presupuesto en curso que se verían afectadas por la norma que los grupos deseen tramitar. Y si la Mesa del Congreso cree que no está justificado, lo puede rechazar.

Sumar ya dejó caer este martes que está dispuesto a unir sus votos a los del PP y Vox en el órgano rector de la Cámara baja y más allá si es preciso. Su portavoz parlamentaria, Verónica M. Barbero, aseguró que llegarán «hasta el final» y fuentes del grupo insisten en que lo importante para ellos es que los perceptores del SMI no tributen; una posición que, al menos de momento, secundan otros socios de la izquierda como ERC. «La pedagogía fiscal del PSOE se traduce en que un especulador que gana 1.184 euros por cada piso que alquila tiene que pagar menos impuestos que un trabajador que cobra el salario mínimo», recriminó Babero.

El ala socialista del Gobierno también se mantiene en sus trece, aunque Alegría hizo lo posible por rebajar tensiones. En lugar de embarcarse en una defensa encendida de por qué es justo que ahora, alcanzados los 1.184 euros de salario mensual en catorce pagas, una parte de quienes cobran el SMI tributen (en realidad, solo tendrán que hacerlo el 20% de ellos), la ministra Portavoz pidió no desviar la atención de la «magnífica noticia» que supone que desde 2018 a aquí el salario mínimo haya crecido un 61%. «Ha dejado de ser un salario de subsistencia para ser un salario digno», dijo.

Pero en el Congreso, el portavoz parlamentario, Patxi López sí volvió a acusar a Sumar de hacer «populismo» con los impuestos y argumentó que el PSOE no teme perder una votación. «Nos hemos quedado solos tantas veces con la razón que vamos a seguir adelante. Hemos subido el SMI un 61%. Se ha cumplido el objetivo de que el SMI neto sea el 60% del salario medio. Ha sobrepasado el umbral mínimo de la tributación. Vamos a hacer más pedagogía y menos demagogia. Los perceptores del SMI –zanjó– van a llevar más dinero a casa».