La segunda quincena de agosto ha sido de una intensidad desconocida en la política valenciana. El anuncio de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de autorizar el uso en la Cámara del catalán, el euskera y el gallego soliviantó a los populares y Vox por el ninguneo que suponía respecto al valenciano.
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En un primer momento, la queja de los populares apuntaba a ese silencio respecto a la denominación del valenciano. Vox siguió ese camino, pero llegó hasta el extremo de cuestionar incluso la unidad lingüística y la legitimidad de la Academia Valenciana de la Lengua.
El PSPV, que no ha dudado en aprovechar esa discrepancia entre los socios de Gobierno, ha conseguido reparar el agravio, improvisado o no, por una de sus compañeras, la que fuera presidenta de Baleares. De hecho, esta circunstancia y el hecho de hablar la lengua autóctona fueron bazas a favor del consenso con los independentistas para situarse al frente de la Cámara baja.
Finalmente, el borrador del Reglamento, que será registrado a lo largo de la próxima semana, recoge el término de «lenguas oficiales» sin adentrarse en el pantanoso terreno de la denominación, según adelantó ayer el periódico Levante.
La fórmula persigue el objetivo de eliminar la polémica generada tras el discurso de Armengol. De hecho, también el PSPV se mostró partidario de incluir el valenciano, de manera específica, en la redacción del Reglamento. Esta es, de momento, la idea que se recoge en el borrador. Y salvo cambios de última hora así se mantendrá, aseguraron fuentes del Partido Socialista.
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El PP, no obstante, desconfía. Fuentes de los populares mostraron su escepticismo acerca de que un acuerdo negociado con los independentistas catalanes pueda repercutir de manera beneficiosa en la Comunitat.
Por esto, trasladaron sus reservas hasta conocer el contenido exacto del documento. Añadieron que la experiencia demuestra que todo lo que Sánchez ha negociado con los partidos catalanes «ha sido en perjuicio de la lengua y la identidad de la Comunitat». El futuro reglamento deberá regular también en qué momentos se pueden emplear las lenguas autonómicas. La medida obligará a la contratación de traductores para permitir la comunicación entre diputados.
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Toda la polémica ha desembocado en una reunión entre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con la responsable de la AVL, Verónica Cantó, para pedirle «gestos de integración» con otras sensibilidades -sin aclarar a qué se refiere exactamente-. Todo quedará aclarado el próximo día 11, fecha del encuentro. Será presumiblemente el cierre de toda esta polémica. Mientras, Puig trata de ridiculizar la estrategia: «¿Qué pasaría si un presidente de España fuera a hablar con la Real Academia Española para pedirle que sea sensible a todos los acentos?».
Vox, con el apoyo del conseller de Educación José Antonio Rovira (PP), ha llegado incluso a instar el uso del valenciano con las normas del Puig lo que supone un cuestionamiento directo a la autoridad lingüística de los académicos de la AVL.
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