El consejo de Divalterra mantiene a Vera como responsable jurídico de la empresa de la Diputación

El consejo ha acordado, con la abstención de PP, Cs y la representante del comité de empresa, que Vera mantenga su empleo y su sueldo, aunque se aparte del proceso de negociación que la empresa mantiene con los sindicatos tras el anuncio del cierre realizado por el presidente de la corporación provincial, Toni Gaspar. En el transcurso de la reunión, el representante de los populares, José Morgan, ha cuestionado la idoneidad de Vera para el puesto tras verse salpicado por el caso Azud. Por contra, Luis Felipe Martínez –uno de los consejeros que se incorporó hace pocas fechas a la dirección de la empresa– ha apelado a la presunción de inocencia para sostener la continuidad de Vera. Finalmente se ha impuesto ese criterio.

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha querido dejar claro hoy que la disolución, extinción y liquidación de esta empresa pública «sigue su curso» y no se ve alterada por la detención de Vera. «No tiene nada que ver», ha declarado a los periodistas en Les Corts sobre la situación de Vera, que habría actuado de intermediario. También ha recordado que en el consejo de administración de la empresa hay tres políticos (PSPV, PP y Cs) y «los demás son funcionarios de alto rango» que decidieron convocarlo para este lunes y no el jueves o viernes.

Además, Fiscalía ha incoado diligencias para investigar presuntas irregularidades en el proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos de Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia, tras la denuncia que presentó el grupo 'popular' en la corporación provincial. Los hechos que el PP puso en conocimiento del ministerio público «describen una actuación antes, durante y después del proceso de selección, que indiciariamente podría ser constitutiva de delitos de tráfico de influencias y prevaricación».

Según sostiene el PP, en el transcurso de ese proceso «se detectaron situaciones en las que los técnicos han denunciado presiones por parte de algún responsable político, principalmente por parte del presidente del Consejo de Administración, Ramiro Rivera».

El líder popular, Vicente Mompó, ha recordado que que esta investigación se suma al procesamiento de Voro Femenía en el caso Alquería o al de la alcaldesa de Llaurí, Ana María González, que fue recientemente condenada por conducir en estado de embriaguez en la zona de ocio de la Marina de Valencia y ha subrayado que ambos son asesores de la Diputación con Toni Gaspar.

A ellos se suma Raúl Pardos, que es asesor-coordinador del PSPV en la Diputación y que acaba de ser procesado en la causa de los «zombis» de Imelsa. El PP ha emplazado a Gaspar que «rompa su silencio y actúe».