El Consejo Rector archiva el expediente de oposiciones en À Punt tras el aviso de Hacienda

El Consejo Rector ha archivado el expediente que abrió para el lanzamiento de la Oferta Pública de Empleo (OPE) en À Punt. El carpetazo al proceso se produce después de la advertencia de la Conselleria de Hacienda de que el procedimiento debía ajustarse a los límites que se plantearon en la ley de creación de la televisión pública. Es decir, que el montante final de los sueldos no puede superar un tercio del presupuesto.

Actualmente, la Relación de Puestos de Trabajo de la cadena contempla 452 trabajadores. Pero si las oposiciones se hicieran finalmente para ese número de profesionales se estaría rebasando el límite anterior. El problema no parece sencillo de resolver y hay una fecha límite para que este expediente salga adelante. Debe hacerse antes de este año. Otro asunto será cuándo finalmente se celebren las pruebas.

El incumplimiento del plazo podría tener consecuencias para la plantilla, actualmente empleados temporales. Fuentes del comité de empresa indicaron que se podría reclamar judicialmente la transformación de esos puestos en indefinidos no fijos. Esto daría lugar, por ejemplo, a generar una indemnización en el momento que por ejemplo saliera la oposición y los indefinidos no lograran una plaza con las pruebas.

Fuentes sindicales subrayaron que esa limitación de los salarios sobre un tercio del Presupuesto es «una anomalía» en el resto del sector público y que se adoptó en su día en un intento de buscar el mayor consenso posible de los partidos para la puesta en funcionamiento de la nueva tele. Sostiene que la fórmula ideal sería eliminar esa cláusula.

El horizonte que se plantea resulta incierto. Una posibilidad sería la amortización de plazas y que la oposición saliera para menos de esos 452 trabajadores. Pero esto podría plantear incluso problemas legales, según los sindicatos. Otra de las soluciones consistiría en aumentar el presupuesto de Á Punt para que las nóminas no alcanzaran ese techo de gasto. Pero los grupos políticos se han negado a inyectar más dinero en la cadena pública. En una crisis económica como la que se avecina esto generaría todavía más polémica. Y la otra vía iría hacia la modificación de la Ley para cambiar el contrato programa con la eliminación de esa restricción presupuestaria.

El aviso de Hacienda recoge que la ley de presupuestos de la Generalitat de 2019 estableció que los «órganos competentes en materia de personal de las entidades que conforman su sector público instrumental serán responsables del cumplimiento de la normativa, con el fin de evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal». Y añade: «las actuaciones irregulares en esta materia darán lugar a la exigencia de responsabilidades». Desde el departamento de Vicent Soler confían en la gestión del nuevo director, Alfred Costa, en lo que supone uno de los grandes retos de la cadena pública.