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burguera
Miércoles, 10 de noviembre 2021, 00:11
La hoja de ruta para los próximo años de la televisión valenciana, el contrato programa por el que recibe 58 millones de euros anuales, está caducado desde hace meses. La negociación se mantiene atascada, y fuentes conocedoras de esas conversaciones señalan que una de las razones es la resistencia del Consejo Rector a aceptar emitir misas en valenciano, tal y como reclama el Consell a través del área de Presidencia. La cúpula de la televisión valenciana mantiene el pulso con el Gobierno autonómico. Hace una semana, el pasado 2 de noviembre, la vicepresidenta y presidenta en funciones del Consejo Rector, Mar Iglesias, remitió un escrito al Ejecutivo en el marco de la negociación del contrato programa. Desde la Secretaría Autonómica de Comunicación se había pedido la retransmisión de la eucaristía en valenciano. Iglesias pospone la decisión sobre esa demanda de Presidencia alegando que la retransmisión de ceremonias religiosas es competencia del Consejo Rector y que ha pedido un informe al Consell de la Ciutadania, órgano asesor en materia de programación y contenidos con el fin de tomar posteriormente una decisión, por lo cual, hasta que no reciba el dictamen de los asesores mantendrá en suspenso la emisión de la eucaristía, contra el criterio de Presidencia.
Durante la pandemia, el propio jefe del Consell, Ximo Puig, incidió en la necesidad de que la televisión valenciana «reforzase» los servicios públicos, ya que el confinamiento impedía a las personas religiosas acudir a misa. En mayo de 2020, À Punt inició las retransmisiones bajo la premisa de mantenerlas durante el tiempo en que se mantuvieran las medidas contra la movilidad y las limitaciones de aforos en los templos. El mes pasado, la cadena decidió dejar de emitir las misas en valenciano de manera definitiva, a pesar de que, en la negociación del contrato programa, la retransmisión es uno de los elementos que se está negociando.
Ante la expresa petición de Presidencia de mantener la emisión de las misas, en el escrito de Iglesias se indica que el Consejo Rector mantiene un criterio plural sobre los asuntos religiosos y advierte de que posterga la decisión hasta conocer el pronunciamiento del Consell de la Ciutadanía porque, de otro modo, devaluaría su papel, una respuesta que ha sido considerada por fuentes del Consell como un modo de dar largas y mantener un pulso que va camino de prolongarse un año.
Se trata del enésimo desencuentro entre el Consell y la televisión. Durante los primeros años de la actividad de À Punt, desde el Ejecutivo se consideraban en sintonía con el presidente de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, Enrique Soriano, una fluidez que era menor en relación a la directora general, Empar Marco. Y ahora es al revés. Soriano dimitió y se volvió a Les Corts a ejercer de letrado. El Botánico consideró entonces que no había posibilidad de lograr un consenso en el parlamento (con la mayoría del tripartito no era suficiente y necesitaba el apoyo de Ciudadanos o el PP) para elegir a otra persona, de modo que Mar Iglesias se convirtió en la presidenta en funciones. Por otra parte, Marco fue sustituida por Alfred Costa al frente de la dirección general de À Punt. Y ahora, desde Presidencia se mantiene una relación más fluida con Costa que con Iglesias, para quien el Consejo Rector ha solicitado un nombramiento como presidenta al que se resiste el tripartito. De este modo, la presidenta en funciones sigue como tal, y ella misma ha remitido a esa interinidad (a no poder ejercer con dedicación exclusiva) como una de las razones por las cuales la negociación del contrato programa se ha dilatado en el tiempo, según señaló en una comparecencia en Les Corts. A eso se añadió la semana pasada que el presupuesto de 2022 para la televisión no aumenta sino que baja. Así que, entre unas cosas y otras, la televisión valenciana no se encuentra muy católica.
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