El Consejo de Transparencia denuncia estar bloqueado y desbordado

El Consejo de Transparencia no tiene quien le quiera. No lo ha tenido nunca. Es una entidad incluida en la ley de transparencia que el PP aprobó justo antes de perder las elecciones de 2015. Al Botánico le estorbaba ese organismo porque Compromís quería tener una conselleria centrada en el asunto y un consejo le parecía poca cosa. Así que lo esquinó. Lo creó porque Podemos se empeñó (y situó al frente de la entidad a Ricardo García Macho) pero no le dio demasiada bola. Fue ganando terreno. Sin embargo, durante la pasada legislatura se decidió desmontarlo para volverlo a poner en pie. Como esa idea genial de quien propone cambiar de local de copas cuando todo el mundo está bailando, y el grupo acaba media hora más tarde aburrido y sin saber muy bien ni donde ir ni por qué han acabado en mitad de la calle, pasando frío y en tierra de nadie.

La situación actual del consejo se relata en la memoria y no deja lugar a dudas ni ambigüedades. Están desasistidos, abandonados y completamente desfasados y desbordados.

«Desde el 21 de diciembre de 2020 los miembros de la hasta ahora comisión ejecutiva se encuentran en funciones», señala la memoria, que recalca: «Son más de tres años en funciones». Ni en la etapa del Botánico ni después de las elecciones de hace 11 meses ha habido voluntad o interés por parte de los partidos con representación en Les Corts para ponerse de acuerdo y renovar el organismo.

El informe señala que «durante el año 2023 el Consejo ha contado con una partida presupuestaria propia de 150.000 €. No obstante, no se ha podido disponer de buena parte de dicho presupuesto debido a la escasez de medios y personal con que cuenta la oficina de apoyo al Consejo de Transparencia, lo que ha imposibilitado poder llevar a cabo cualquier iniciativa dirigida a organizar actividades, eventos, formación…».

En el apartado sobre la oficina técnica que debe actuar como apoyo al consejo, la memoria enumera sus funciones (instrucción y tramitación de expedientes, asistencia administrativa y téncia, secretaría, mantenimiento del paorta wb, elaboración de estadísticas, gestión de los gastos de funcionamiento, ordenación y custodia de los informes»... y las nuevas competencias establecidas a través de la ley impulsada por Rosa Pérez, consellera de Transparencia. «Los recursos humanos con los que cuenta actualmente la oficina de apoyo son manifiestamente insuficientes», señala el informe, que recuerda que «el número de reclamaciones que han tenido entrada en el Consejo ha crecido exponencialmente desde sus inicios hasta hoy, pasando de 28 expedientes en 2015 a 392 en 2023, lo que supone un aumento considerable de expedientes a gestionar con los mismos medios que en 2015».

De tal modo que la «precaria situación» se ha visto «agravada»: «La situación, anunciada ya en ocasiones anteriores, es extrema». Y por todo ello se califica como «materialmente imposible» abordar las funciones de la oficina técnica ni resolver las reclamaciones en los plazos previstos. De hecho, las resoluciones adoptadas durante el pasado año fueron 244, casi un tercio menos que el año anterior (332), de modo que es la primera vez desde 2019 que se interrumpe el incremento anual de resoluciones adoptadas por el organismo.