El Consell da 90.000 euros a las empresas de Francis Puig investigadas por fraude

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la última hornada de empresas periodísticas subvencionadas para el fomento del valenciano en sus productos informativos. A la cabeza se sitúa, por ejemplo, eldiario, la web que más dinero ingresa de todo el listado, con 90.000 euros. Otras cabeceras conocidas son la revista Saó (40.000 euros) o el periódico Ara (39.000 euros).

La sociedaes de Francis Puig mantienen las subvenciones porque no existe ningún procedimiento legal que lo impida. En su momento, cuando las mercantiles de Francis Puig y las de su socio de cabecera, los Adell Bover, fueron sorprendidos pactando precios para un concurso de À Punt se planteó esta posibilidad. Competencia de la Generalitat impuso una sanción de más de 40.000 euros por ese pacto encubierto para repartirse las corresponsalías comarcales de la televisión autonómica. La propia À Punt fue la que denunció el caso. Entre las sanciones previstas, aparte de las económicas, estaba que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) les impusiera la prohibición de contratar con administraciones públicas, algo que no ha quedado resuelto a la vista de la última resolución del DOGV.

La causa judicial se encuentra ahora mismo pendiente de la decisión del magistrado. El anterior juez solicitó el cambio de juzgado después de que un error del órgano judicial -no atribuible directamente al titular- obligara a la Audiencia a anular la prórroga de las diligencias. Esto limitó de manera notable las pesquisas ya que no se podía seguir indagando en la actuación de las mercantiles. Así, las acusaciones no podían disponer de más indicios que los que constaban hasta esa fecha en la causa. El cambio de juez sorprendió porque su salida fue a otro juzgado de la misma jurisdicción, algo que no es muy frecuente.

El nuevo responsable debe ahora revisar el asunto y decidir si existen suficientes indicios para dictar el auto de procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento, o decretar el archivo de la investigación. Los investigados Francis Puig y su socio de cabecera mantienen que no existe delito porque no se superan los 120.000 euros anuales que exige el fraude de subvenciones.

Sin embargo, la Fiscalía ha cambiado recientemente de estrategia. Este verano abandonó la tesis del fraude de subvenciones y apostó por la falsedad (en algunas facturas que se aportan para justificar las subvenciones) y por una estafa agravada. Anticorrupción mantiene que se han duplicado facturas, que se han justificado trabajos que no se han realizado y que existen albaranes que son directamente falsos.

No todos son malas noticias judiciales para las empresas de Francis Puig y sus principales socios comerciales. El TSJ resolvió en su momento que no se le podía exigir la devolución de más de 170.000 euros justificados de forma deficitaria por parte de las mercantiles. El Gobierno de Ximo Puig, en concreto la Conselleria de Educación, reclamó estas cantidades una vez había expirado el periodo legal para hacerlo. El alto tribunal admitió el error de la Administración.