El Consell se abona al decreto ley para legislar cuestiones ordinarias sin el control de Les Corts

Pero, este instrumento, de extraordinario uso, se ha convertido en convencional para el Botánico. De hecho, esta legislatura se han aprobado más decretos ley que leyes en el Parlamento valenciano. En concreto, se han convalidado 28 por sólo 11 leyes, hasta el momento, según los datos registrados en Les Corts. Es decir, el Consell ha convertido en una herramienta de gestión ordinaria algo que sólo debe utilizarse de manera puntual. Y, aunque en este ejercicio político ha tenido lugar la pandemia sanitaria de coronavirus, el número de textos relacionados con la crisis que el Gobierno valenciano necesitó para aprobar sus medidas fue de sólo nueve. Pero, el tripartito ha acudido al decreto ley para casi todo. Desde crear empresas públicas como la que gestionará las ITV o las Ferias o para modificar numerosas normas ya en vigor, o implantar ayudas por causa de lo más variopinto. No fue demasiado distinto en la primera legislatura, sin pandemia ni accidentes meteorológicos, o guerras. El Consell echó mano de otros 28 decretos ley para todo tipo de iniciativas. El primero, el primer mes desde su toma de posesión, para devolver la universalidad a la sanidad. Ese año, el número de iniciativas legislativas fue de 73. Con esta herramienta, dada la urgencia, el Consell se evita la consulta pública, audiencia e información pública.

Pero, la simpatía del Consell por los decretos ley le ha traído ya algún que otro susto. De hecho, con cada uno de estos textos formula una suerte de mini ley de acompañamiento, con decenas de cambios legales en otras leyes o decretos. El pasado verano la Abogacía de la Generalitat tumbó el conocido como decreto de medidas contra la guerra de Ucrania, el decreto omnibús, porque entre otros motivos, las medidas no tenían el carácter excepcional que se les pide a los asuntos que requieren esta forma legal. «Esa urgente y extraordinaria necesidad no puede simplemente identificarse con la existencia de un interés público en regular, prever o aprobar determinadas instituciones jurídicas o medidas públicas, ya que dicho interés público debe concurrir en toda elaboración de una norma e instrumento que contenga medidas jurídicas de carácter público o simplemente administrativas», rezaba, y recordaba que ese carácter restrictivo tiene su origen en la división de poderes, por lo que «debe evitarse que legislando de esta manera excepcional se convierta al poder ejecutivo en un poder co-legislativo».

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Pero, la afición por esta figura legislativa no ha sido la tónica habitual en los distintos gobiernos autonómicos. De hecho, según los datos de Les Corts, en las dos legislaturas anteriores, con gobiernos del PPCV, el número de decretos ley fue de 23 (17 y 6 respectivamente), por las 97 leyes que se aprobaron de manera ordinaria. Es decir, el Botánico ha recurrido a más del doble de decretos ley que sus antecesores en el mismo periodo de tiempo.

El Gobierno valenciano tiene la potestad para aprobar estas figuras legales en su reunión del pleno. Una vez decidido, deben registrar el decreto ley ante la Mesa de Les Corts. El debate y votación sobre la convalidación o derogación de un decreto ley se realizará en el pleno de Les Corts o de la Diputación Permanente, antes de que transcurran los treinta días siguientes a su promulgación. En todo caso, la inserción en el orden del día de un decreto ley para su debate y votación podrá hacerse tan pronto como hubiere sido publicado en el Diario Oficial de La Generalitat. Después, un miembro del Consell expondrá a la Cámara las razones que han obligado a su promulgación, iniciándose a continuación un debate en conjunto, sin entrar al detalle.

Convalidado un decreto ley, la Presidencia de Les Corts preguntará si algún grupo parlamentario solicita que se tramite como proyecto de ley. En caso afirmativo, la solicitud se someterá, sin debate, a la consideración de la Cámara. Si el resultado de la votación fuese favorable, la Mesa tramitará el correspondiente proyecto de ley por procedimiento de urgencia, sin que puedan presentarse enmiendas de totalidad que postulen su devolución. Es decir, sin mayor control del Parlamento valenciano.