El Consell abre la puerta a prorrogar los presupuestos

El proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat recoge medidas como la creación de un Observatorio Fiscal, la obligatoriedad de un auditor interno en las fundaciones públicas y la ampliación del Plan de Inversiones Productivas (PIP) y para solicitar la protección de la huerta.

Este proyecto de ley de medidas fiscales, presentado este lunes por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se convertiría en una ley ordinaria en el caso de que se prorrogaran los Presupuestos de la Generalitat de 2020.

El Gobierno valenciano está «dando muchas vueltas» y evaluando «tranquilamente» los pros y contras de una prórroga de los presupuestos, según Soler.

El conseller ha asegurado que es posible que se disponga de la información sobre la liquidación de 2017 pero no sobre los anticipos a cuenta, lo que supone un riesgo a la hora de presupuestar los ingresos porque «te puedes equivocar mucho».

Con el Observatorio Fiscal que recoge la Ley de Acompañamiento se pretende dar entrada a la sociedad en la gestión de la Agència Tributària Valenciana, integrando a todos los agentes sociales y administrativos del sistema tributario.

Otra de las medidas del proyecto es la obligatoriedad de que las fundaciones del sector público empresarial cuenten con un auditor interno para aumentar el control y la transparencia y dar un tratamiento más homogéneo a este sector.

Se amplía el Plan de Inversiones Productivas (PIP) hasta el 31 de diciembre de 2021 para garantizar los proyectos de los ayuntamientos y que no se pierdan las inversiones ya que sería «una injusticia» que se quedaran «descolgados».

En este sentido, se dará la posibilidad de modificar o sustituir los proyectos por otros de más utilidad para la ciudadanía.

También se ampliará el plazo para solicitar la protección de áreas de huerta degradadas hasta los 5 años a partir de la aprobación del Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la huerta de València.

El proyecto establece que se pueda prestar el servicio de taxi mediante tarifas pactadas previamente entre usuarios y conductores, establecidas en el reglamento, una medida que se aplicará mediante el uso de aplicaciones por teléfono inteligente, y se autoriza el cambio de tarifa urbana e interurbana en servicios en que no se conoce el destino.

Se permitirá el acceso al transporte público con vehículos de movilidad personal como bicicletas o patinetes, que deberán estar plegados.

Tres altos cargos públicos de la Generalitat -que ocupan la Intervención General y la Dirección General de Intervención y la Abogacía- verán incrementados sus salarios porque, según ha explicado Soler, son funcionarios que cuando pasan a ocupar estos puestos ven recortados sus ingresos.

A su juicio, este hecho «desincentiva» a los buenos funcionarios y no se debe «castigar» a ningún funcionario por razones de exigencia del cargo que ocupa. «No se premia a nadie, sino que no se castiga por aceptar un cargo público», ha asegurado.

En materia de vivienda social, se simplificarán los requisitos para acceder a las ayudas para el pago del alquiler por razones sociales, humanitarias y de carácter público; se habilitarán mecanismos para incorporar de forma inmediata inmuebles residenciales; y los propietarios podrán ceder a la Generalitat el usufructo de las viviendas para alquiler social.

Se podrán conceder ayudas al alquiler a personas necesitadas que no estén al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o tengan la condición de deudores, y se ampliará el tiempo de cesión de viviendas a la Generalitat para alquiler social a 8 años.

En igualdad, se modifica la Ley 9/2003 para la igualdad de mujeres y hombres con el fin de ampliar el principio de igualdad y no discriminación en la publicidad de los medios de comunicación a todos, no solo los públicos, y se cambia la denominación del Consell Valencià de la Dona per Consell Valencià de les Dones.

En cuanto a la infancia, se modifica la Le 26/2018 de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia para cambiar la declaración de idoneidad en acogimiento familiar por la declaración de aptitud.

El proyecto de ley de acompañamiento, que modifica 32 leyes, un decreto ley y un decreto, continúa ahora su tramitación en el Consell Jurídic Consultiu y, cuando se apruebe por el Comité Económico y Social, se remitirá a Les Corts.