El Consell acusa al Gobierno de intentar asfixiar económicamente a la Generalitat

Once meses han pasado desde que la tortilla política se girase en la Comunitat. El Consell pasó a manos de PP y Vox en junio. Los nuevos consellers asumieron las carteras en julio, y entre las prioridades estaba la financiación, como siempre desde 2014. El ministerio de Hacienda de Montoro hizo muy poco caso a las demandas del Gobierno de Alberto Fabra, y tampoco se lo hizo al de Puig, y la situación no varió respecto al modelo de financiación cuando llegó Montero de la mano de Sánchez al ministerio. María Jesús Montero ha ido aumentando su poder tanto en el Gobierno central como en el PSOE, y de una manera inversamente proporcional se ha comportado respecto a la financiación de la Comunitat. Las reiteradas cartas y peticiones de reunión de la conselleria de Hacienda, que su titular, Ruth Merino, viene anunciando desde septiembre del año pasado, no han sido respondidas por parte del Gobierno y de su actual vicepresidenta primera.

La consellera ha asegurado que el Gobierno valenciano trabaja para pagar «cuanto antes» a los proveedores y ha lamentado la «asfixia» del Ejecutivo hacia la Comunitat. Merino se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, al ser preguntada por su opinión acerca de que la Comunitat haya sido la segunda autonomía que más tardó en pagar a sus proveedores en febrero de 2024, con un periodo medio de 48,47 días.

«Estamos trabajando para bajarlo», ha contestado la portavoz, quien ha agregado: «Las consellerias estamos haciendo lo posible para pagar cuanto antes».

Merino ha explicado que ha crecido el periodo medio de pago por causas «que son un poco sobrevenidas» y se ha referido, en primer lugar, al sistema de financiación autonómica que «lastra» a la Comunitat: «Nos perjudica todos los años con unos ingresos inferiores mensualmente», ha dicho. Además, se ha referido a que el Gobierno central no ha actualizado las entregas a cuenta que corresponden al ejercicio 2024, «lo cual está suponiendo ingresar cerca de 90 millones menos de euros al mes y nos encontramos con dificultad a la hora de proceder a los pagos», ha apostillado.

«Es decir, esta deficiencia de Tesorería es totalmente achacable al Gobierno de España». En tercer lugar, Merino ha matizado que cuando accedieron al Gobierno «existía una cuantía acumulada de pagos pendientes a proveedores de 3.360 euros».

Ante esta situación, ha dicho, desde las consellerias están haciendo «lo posible» para pagar cuanto antes. «Estamos poniéndonos al día, dadas las circunstancias». Y a ello se une, ha agregado, que desde la pandemia se ha producido una entrada de miles de millones de euros de fondos europeos y de fondos del Gobierno de España que, al existir un sistema de caja única, han sido utilizados para otros pagos de otro tipo.

«Con lo cual, ahora nos encontramos que ese dinero ya se ha gastado y eso permitió un periodo de medio de pago también inferior durante este tiempo. Ese periodo se ha acabado y, por lo tanto, ahora nos encontramos con estas dificultades», ha criticado Merino, que lamenta que «se está produciendo una asfixia por parte del Gobierno de España a la hora de cumplir con unos servicios públicos como los valencianos y valencianas merecen» y, preguntada por las relaciones con el Ejecutivo, ha contestado: «Después de varios intentos y diversas cartas a la ministra para hablar de esa necesidad de solucionar la injusticia que se viene cometiendo con los ciudadanos de esta comunidad, sigo sin obtener ninguna respuesta».

Por ello, ha insistido en la «dejación de funciones» y en una «falta de responsablidad» por parte de la ministra, «que dice que quiere cumplir con todos los ciudadanos de todas las comunidades, independientemente de dónde vivan, pero luego, a la hora de la verdad, no lo hace. No cumple con su trabajo», ha criticado.