El Consell admite que en 2018 gastó 1.130 millones más de los previstos

Mientras PSPV, Compromís y Podemos continúan perfilando la composición del nuevo Botánico y en cada reunión que celebran parecen aumentar el número de cargos del futuro Consell, la realidad financiera de la administración autonómica continua lanzando señales de aviso. Ya no se trata de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal (AIReF), del Banco de España, de la Intervención o del Gobierno central. El plan de ajuste remitido por el propio Consell al ministerio de Hacienda, y que permitió desbloquear la llegada del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la Comunitat, reconoce que durante el ejercicio de 2018 el Gobierno valenciano gastó 1.130 millones de euros más de lo que tenía previsto para ese ejercicio.

El dato se obtiene a partir de la comparación del plan de ajuste remitido a Madrid por la conselleria que dirige Vicent Soler hace ahora un año y el que corresponde al año en curso. En el primero figura una previsión de gasto, al finalizar el ejercicio, de 19.671.153,04 euros. En el segundo se incluye la referencia al gasto total de la administración autonómica durante el ejercicio de 2018, una vez cerrado. Y asciende a 20.803.935,84 euros. La diferencia entre una y otra cifra, 1.132.782,8 euros corresponde a lo que se gastó por encima de lo que estaba previsto gastar a lo largo de ese ejercicio.

La letra pequeña de esa diferencia entre cifras no obedece únicamente al capítulo de gastos financieros. En realidad, la parte principal de esa diferencia entre lo previsto y lo finalmente reconocido tiene que ver con los gastos corrientes -capítulos I al IV-, que pasan de una previsión de 13.993 millones a un desembolso real de 14.582 millones de euros, lo que podría considerarse como el propio aparato administrativo que permite el funcionamiento de la administración autonómica y que incluye personal y gasto corriente entre otros. Porque los capítulos de gasto de capital, los que miden la capacidad inversora de la administración de la Generalitat, no sólo no crecieron sino que quedaron por debajo de la previsión inicial.

La diferencia entre lo previsto gastar y lo efectivamente gastado en un ejercicio es una de las pruebas más evidentes de cómo el aparato financiero de la Generalitat pasa auténticas dificultades para poner control a los gastos a lo largo de cada ejercicio. A más administración, más sector público o más consellerias, esa situación de desorden puede crecer.

Pero ese dato no es el único. El plan de ajuste remitido al ministerio de Hacienda reconoce que el capítulo de deuda no financiera de la Generalitat –la que mantiene no con entidades bancarias sino con empresas y particulares- se situaba, en el pasado mes de noviembre, en los 1.648 millones de euros. La cifra se compone en su mayor parte de las cuentas 413, 409 y 411, que son las que hacen referencia en conjunto a los gastos realizados sin cobertura presupuestaria -lo que se ha venido reconociendo tradicionalmente como 'facturas en los cajones'-. Bajo ese concepto, el Consell reconocía a finales del pasado ejercicio 1.180 millones de euros, aproximadamente la misma cifra que un año antes. Los 1.648 millones de euros del mes de noviembre se dispararon en diciembre, según las fuentes consultadas por este diario, hasta rozar los 2.000 millones. Todo un síntoma de hasta qué punto el presupuesto se quedó corto para atender la totalidad de los gastos con los que se comprometió el Consell.

Que la situación financiera ha sido uno de los flancos más débiles del Gobierno del Botánico -que se ha limitado a apelar a la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica para poder respirar sin la ayuda del Estado- lo demuestra también el capítulo dedicado a las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. No tanto por el volumen –porque esas son las cuentas 409 y 411– como por la escasa ambición que el Consell reconoce a la hora de ponerles control.

El saldo inicial de estas facturas en 2019 se sitúa en 1.215 millones de euros. El final, es decir, con el que se espera finalizar el ejercicio, es de 1.102 millones de euros. La reducción es de poco más de 100 millones de euros.