El Síndic retrata el caos en Sanidad y alerta de que el gasto se dispara

La Sindicatura de Comptes entregó este lunes al Consell su tradicional regalo navideño en forma de informe de las cuentas de 2018. Y como suele ser habitual, el de este año también deja carbón para el Gobierno del Botánico. Aunque el órgano auditor de las cuentas públicas no ve que ninguna de las actuaciones pueda ser motivo de que los gestores incurran en responsabilidades contables, pone patas arriba toda la gestión presupuestaria del Ejecutivo valenciano. Y en ese marasmo de cifras, una de las consellerias pone cara al caos gestor de la Generalitat, y no es otro que el departamento de Sanidad Universal. La Sindicatura hace un duro retrato de incumplimientos, falta de procedimientos y descontrol en el gasto público del área con mayor presupuesto del Gobierno valenciano.

En términos generales, el órgano que dirige Vicent Cucarella refleja unas cuentas públicas en las que las telarañas van creciendo al mismo ritmo que lo hace el aumento del gasto público que ha decidido implementar el Consell para cumplir con ese mantra botánico de que los valencianos tienen el mismo derecho a gastar que el resto de españoles. No importa que con eso se dispare el déficit, como también afea el informe, ni que ese desequilibrio entre ingreso y gasto pase a engrosar la deuda de la Generalitat –46.782 millones–. De hecho, el agujero en los fondos propios que tenía el Consell a 31 de diciembre del pasado año bate un récord y se sitúa ya en los 30.096 millones en negativo, con un patrimonio de apenas 1.719 millones de euros y un margen de liquidez de -10.879 millones de euros. «Sabemos cuál es la causa que hay detrás de este tema, una falta de financiación autonómica que ponemos en valor en el informe, pero lo que tenemos que procurar es que se respete presupuestar» de manera , dijo ayer Vicent Cucarella. «Mientras no haya realmente una previsión de que va a entrar una partida adicional», no se puede «aceptar que aparezca» una «partida que es ficticia», explicó en relación a los más de 1.300 millones que cada año el Consell incluye como ingresos ficticios y que corresponderían al déficit de financiación.

Pero, además del tirón de orejas para Hacienda, el surtido de reproches este año se lo lleva la Conselleria de Sanidad Universal. La Sindicatura retrata un caos en la gestión de buena parte de las liquidaciones de las concesiones sanitarias, de los contratos, y de la relación con el Instituto Valenciano de Oncología (IVO). En concreto, ni los acuerdos con el IVO ni con la concesionaria del Hospital de Alzira, Ribera Salud, han cumplido con la Ley de Hacienda. «Requieren una serie de trámites jurídicos que en algunos casos no se han cumplido todos» y además de la Conselleria de Sanidad «debe intervenir también la Conselleria de Hacienda, la Abogacía, la Intervención Delegada e incluso, en algunos casos, el Consell Jurídic Consultiu con un dictamen. Alguno de estos pasos no están contemplados, por eso lo destacamos».

El informe apunta además que el saldo de la cuenta de gastos presupuestarios «debería incrementarse en 35,8 millones de euros», con el fin de reflejar la deuda reconocida en los acuerdos transaccionales suscritos con la Fundación IVO y la concesionaria del Departamento de Salud de la Ribera. El desbarajuste con las liquidaciones dejó a 31 de diciembre de 2018, 38 sin aprobar con las concesionarias de los departamentos de salud de La Ribera, Torrevieja, Dénia, Manises y Elche. «Se desconocen los importes definitivos de estas liquidaciones» y por tanto, no es posible determinar los efectos que tendría su reflejo contable adecuado en las cuentas 2018, alerta la Sindicatura. De hecho, la Generalitat llegó a presupuestar en ese año los importes de las liquidaciones como ingresos que, posteriormente, nunca llegaron a cumplirse. Este año, la cifra no se ha incluido en las cuentas autonómicas. Pero es que, además, con el rescate de la concesión de Dénia aún sin comenzar, las cifras de la liquidación de este departamento de salud –ningún año desde 2009 está liquidado– dificultad la operación, como también la de la concesión de Torrevieja, que expira, y cuya resolución de las anualidades está pendiente desde 2013.

Tampoco se ajustan a sus disposiciones legales los acuerdos con la Fundación IVO por los que se reconoce la deuda derivada de las prestaciones de asistencia oncológica integral realizadas en entre enero y octubre de 2017 y la deuda derivada de los servicios prestados de 2012 a 2016 a pacientes procedentes de departamentos de salud gestionados a través de contratos de concesión administrativa.

Pero el problema para Sanidad no llega sólo por la vía de las concesionarias. La Sindicatura ha puesto la vista sobre los conocidos 'rescabalaments'. Los servicios prestados por terceros que no tienen consignación presupuestaria y en los que la Administración debe subsanar un enriquecimiento injusto a su favor. Y en el ranking de los enriquecimientos ilícitos, Sanidad también está en cabeza en importe. En concreto, la Conselleria que dirige Ana Barceló ha gastado 1.319 millones de euros mediante este tipo de procedimiento por el que el conjunto del Consell ha gastado 1.422 millones de euros. En total, los 384 expedientes de enriquecimiento injusto del conjunto de consellerias supone para las arcas públicas un 7,1% del total del presupuesto de la Generalitat para 2018. Un asunto sobre el que la Sindicatura pone reparos.

Por ello, el organismo auditor pide que se dote a la Conselleria de Sanidad de créditos «que se ajusten a las realidad prevista» de forma que los responsables del departamento tengan una herramienta de gestión actualmente desvirtuada. De hecho, Sanidad abusa de los contratos menores– 4.868–, de la caja fija –casi 30 millones de euros– y de las facturas en el cajón. Además, en determinados departamentos de salud se detectan determinados «pagos directos» por adquisiciones de productos de farmacia y material sanitario sin consignación presupuestaria que tienen la consideración de contratos menores con una «justificación insuficiente de la necesidad e idoneidad del contrato, así como indicios de fraccionamiento del objeto contractual».