El Consell agranda su sector público y planea al menos seis nuevas entidades

La Generalitat ha puesto fin a la política de austeridad en muchos campos. También en su sector público. Lejos quedan los tiempos de reestructuración, contención y liquidación de entidades para aligerar el equipaje del entramado empresarial que todos los Gobiernos utilizan para agilizar su gestión. Hasta el 31 de enero de 2020, según los propios datos de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, de quien depende el sector público empresarial, la cifra de entidades era de 60 entre organismos autónomos (13), entidades de derecho público (11), entidades públicas empresariales (4), sociedades mercantiles (11), fundaciones (15) y consorcios (6). Hasta esa misma fecha, tan sólo seis permanecían en proceso de extinción y cuatro estaba en condición de no activos, aunque otras, como el Consell del Audiovisual, que no goza de esa etiqueta, tampoco lo está.

Sin embargo, lejos de empequeñecer esa ya de por sí gran estructura pública, el Consell tiene previsto aumentarla en los próximos meses con al menos seis nuevas entidades de distinta naturaleza administrativa.

Se trata de la empresa pública para rescatar la gestión de las ITV, que superan los 1.200 trabajadores, la empresa pública resultante de la reestructuración de Feria Valencia tras liberarla de su deuda, la entidad pública para asumir al personal de las reversiones de Sanidad, la Agencia de la Energía, la Agencia contra el Cambio Climático y, la última, según reveló ayer Valencia Plaza, una suerte de Fundación para el impulso de las políticas de Inteligencia Artificial.

A pesar de que las cifras que ahora ofrece el Consell como oficiales en esta legislatura no contempla ninguna de las nuevas aperturas "son sólo anuncios", dijeron este miércoles desde Hacienda, lo cierto es que alguna de las nuevas firmas está ya en proceso avanzado. Las dos Agencias, la de Cambio Climático y Energía, están ya en trámites en la comisión delegada para los asuntos verdes que presidente el vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau.

La nueva empresa que aglutinará al personal de las reversiones sanitarias ya está encima de la mesa de la Subsecretaría de Sanidad, y la que se hará cargo de los trabajadores y trabajadoras que actualmente prestan servicio en las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos en la Comunitat ya está en pleno proceso de negociación. Por no hablar del nuevo modelo de Feria Valencia, que tiene ya a una comisión de seguimiento de la que forman parte los departamentos de Hacienda y de Economía.

La creación de nuevas entidades, lejos de menguar el sector público, lo engrosará aún más. Algo que ya sucedió la pasada legislatura, como el nacimiento de casi una decena de entes. Desde la Agencia Tributaria Valenciana, a la empresa pública que subrogó a los bomberos forestales (SGISE) las dos entidades para poner en marcha la radiotelevisión pública, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, o la Fundación tribunal de arbitraje laboral, entre otras firmas. Todas, con su consiguiente personal directivo –entre uno y tres contratos de alta dirección–y su estructura.

Sólo con las empresas públicas que el portal de Transparencia contemplaba la anterior legislatura, el número de plazas de directivos y contratos de alta dirección ascendía a 80 puestos. Información que, a día de hoy, ya no se puede consultar porque no se ha terminado de elaborar.

La patronal autonómica, en enero, reprochó públicamente al Consell que eleve el gasto para tener "cada vez más estructura propia, pública, en detrimento de lo privado" con la reversión a la gestión pública de hospitales y de la ITV –a partir de 2023– "por una cuestión ideológica", en palabras de Salvador Navarro, presidente de la CEV.

Además de los nuevos entes que ya están en marcha, en algún momento de esta legislatura se han proyectado otros tantos más de los que no hay mayor noticia. Se trata del Centro de Control de Contaminación, el Observatorio Valenciano de Migraciones, la Oficina Valenciana de Atención a Personas Refugiadas, la Oficina de Control de listas de espera, el Museo de Diseño, el Consell Agroalimentario y la Oficina de Simplificación Administrativa.

Frente a la decisión de crear una empresa que asuma el personal de las concesiones sanitarias que van rescatando y equiparar sus condiciones, al igual que con los bomberos, por lo visto la cosa cambia en el caso de la Feria.

El conseller de Hacienda evidenció el pasado martes las discrepancias que mantiene sobre esta cuestión con su homólogo de Economía. Después de que Rafael Climent defendiese la subrogación de la plantilla, hasta el punto de advertir de que "sería un error garrafal" perder ese conocimiento, Vicent Soler señaló que "no necesariamente" tiene que subrogarse. "No puede ser una condición 'sine qua non'", sentenció.

De ese modo, el socialista abrió un nuevo frente con Compromís, sin haber resuelto aún sus discrepancias acerca de si la futura gestora del negocio ferial debe ser de mayoría privada, para evitar que compute en el déficit autonómico, o bien pública, para impedir que el control pase a manos de un inversor externo.