El Consell anula las licencias urbanísticas por si existe riesgo de inundación

La futura normativa, a cuyas líneas principales ha tenido acceso este diario, contempla que en tanto el Estado no apruebe una relación programada de obras hidráulicas a realizar para eliminar el riesgo de inundación, queda suspendida la tramitación en suelo en situación básica rural, de todos los procedimientos urbanísticos, de cualquier clase o naturaleza, que hayan sido afectados por la dana o que figuren como inundables en la cartografía del Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova), del sistema nacional de inundación o la cartografía que está realizando la Dirección General de Urbanismo y Paisaje a través del Servicio de Gestión de Riesgos de Inundación.

Igualmente, quedarán suspendidos, también para los municipios afectados por la dana, los procedimientos urbanísticos de cualquier clase o naturaleza que se tramiten en suelos no urbanizables inundables conforme a la cartografía Patricova, en situación básica rural, en tanto no se incorpore a dichos procedimientos informe de escorrentías emitido por el organismo de cuenca. Esto supone que de forma indefinida no se podrá reclasificar este suelo y quedará blindada su protección.

La propuesta de suspensión cautelar de los procedimientos urbanísticos en trámite, en toda la zona afectada, estará vigente hasta que el Estado apruebe una relación de obras hidráulicas a ejecutar para suprimir el riesgo de inundación en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Comporta, pues, la paralización de importantes actuaciones urbanísticas como el polígono industrial Pont dels Cavalls en Aldaia. La Generalitat, en coherencia, con la sentencia del Supremo que desestimó el recurso presentado por el Botànic contra el reglamento de dominio público hidráulico, quiere primar la seguridad de personas y bienes sobre cualquier otro criterio y no aprobará dicha actuación hasta que el Estado se comprometa a efectuar las obras hidráulicas que garanticen la inexistencia de riesgo.

El Consell toma así la iniciativa para obligar al Ejecutivo central a actuar. Si el Estado no adopta las medidas necesarias para evitar que puedan producirse nuevas inundaciones, se encargará de cerrar la puerta a iniciativas urbanísticas que puedan tener su ubicación en zonas potencialmente inundables. Se trata, en definitiva, de cerrar la puerta al máximo a la posibilidad de que se repitan episodios como los que ya hace más de un mes arrasaron media provincia de Valencia y dejaron a su paso más de 220 fallecidos.

No sólo eso. Lo que hace el Consell es dejar en evidencia la inaccción del Ejecutivo central, porque es a éste al que le corresponde hacer esas obras para evitar inundaciones. Ya le correspondía esas actuaciones y no las llevó a cabo. Y esa inacción ahora provoca la suspensión de las licencias urbanísticas en los municipios afectados por la dana.

El discurso del Consell, además, deja en evidencia las acusaciones lanzadas desde la oposición, anclada siempre en esa denuncia del 'urbanismo salvaje' que se atribuye a los populares valencianos. Porque lo que hace el Consell es frenar en seco esos procedimientos de urbanización con el objetivo -difícilmente cuestionable- de minimizar el riesgo de que se repitan episodios tan dramáticos como los del 29 de octubre. La pelota, por decirlo así, pasa a estar en manos del Gobierno, que debe concretar qué obras hidráulicas piensa acometer para reducir el riesgo de inundación.