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Presidencia inició la segunda legislatura con un refuerzo en el área de Análisis que iba a permitir al Gobierno valenciano gobernar sobre seguro. Para ello, ... el departamento que dirige Ximo Puig, reconvirtió la Secretaría Autonómica de Comunicación en la de Prospectiva e hizo colgar de ella la Dirección General de Análisis y Políticas Públicas. Dos departamentos clave en el organigrama de Presidencia y antaño, de vital importancia para conocer los entresijos de la política valenciana y las tendencias que podían acabar marcando las legislaturas. Sin embargo, el Consell lleva sin hacer un barómetro de opinión desde hace más de dos años. Para encontrar la última encuesta con la que el Ejecutivo valenciano sondea las tendencias y el grado de aceptación o conocimiento de algunas de sus principales acciones hay que remontarse a junio de 2019.
Desde entonces, al Gobierno valenciano, como a los del resto del mundo, le ha pasado casi de todo. Desastres naturales en forma de tormentas, una pandemia mundial y su consiguiente crisis económica, la caída del turismo, el enquistamiento de problemas ya casi endémicos como la infrafinanciación o la necesidad de implantar restricciones severas. Sin embargo, el Gobierno valenciano no ha sondeado todos los cambios sociológicos y políticos que se han podido producir en estos dos años porque, atendiendo al portal de información Argos, desde la llegada del Botánico en su primera legislatura, en julio de 2015, sólo ha encargado cinco encuestas. En concreto, una encuesta de valores en febrero de 2017, una encuesta sobre la distinta percepción entre hombres y mujeres en octubre de 2017, un barómetro en diciembre de 2017 y un último barómetro en junio de 2019. Desde esa fecha, el Consell gobierna a ciegas, ya que no ha vuelto a encargar ningún estudio que refuerce o corrija sus políticas. De haberlo encargado, tiene obligación de hacerlo público.
Para encontrar el último encargo llevado a cabo por el departamento de Análisis hay que remontarse al segundo mes de la pandemia, a abril de 2020, cuando la Generalitat encargó un estudio sobre el impacto del Covid que, a tenor de los datos publicados, finalizó en agosto del año pasado con la oleada número 18. Por ese estudio, el departamento de Análisis que dirige Ana Berenguer, pagó 17.908 euros a la empresa Emer GFK, que también se había encargado de otros estudios anteriores.
Pero, desde ese agosto y desde junio de 2019 no ha vuelto a haber datos disponibles para analizar el impacto de las políticas públicas o testear su aplicación antes de programarlas. La falta de datos contrasta con la actividad que sí desarrollan otras autonomías como Cataluña, Andalucía o País Vasco, que presentan encuestas autonómicas con regularidad, elaboradas para validar u orientar las políticas públicas de los gobiernos.
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