El Consell arrastra derechos de cobro pendientes de hace más de 30 años

El derecho pendiente de cobro es, como la propia terminología indica, una cantidad pendiente de ser recibida y que la administración autonómica contabiliza porque le corresponde y pleitea por ella. Dejar de considerarlo como pendiente de cobro significa renunciar al mismo, de manera que tiene cierto sentido prolongar durante algunos años esa reclamación.

¿Pero más de treinta años? La cuenta general de la Generalitat presentada hace pocas semanas por la nueva consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, recoge un apartado de cuáles son los derechos pendientes de cobro que, a fecha del 31 de diciembre de 2022, mantiene la administración autonómica. Se trata de derechos pendientes que corresponden a ejercicios presupuestarios ya cerrados, pero por los que no se renuncia a mantener una reclamación.

El informe de la cuenta general cifra esos derechos pendientes de cobro en 324,6 millones de euros, que no es precisamente poca cosa. De hecho, sólo el agujero dejado por las empresas públicas de la GVA en 2022 ascendió a 340 millones de euros. Es decir, esas cantidades pendientes de cobro servirían, de hacerse efectiva, para reducir de forma significativa ese pozo sin fondo que es el sector público valenciano.

El detalle de esos 324,6 millones de derechos pendientes de cobro correspondientes a prepuestos cerrados es el que destapa la realidad de lo improbable de percibirlos en su totalidad. La cuenta general viaja hasta 1990 –aun no se habían disputado los Juegos Olímpicos de Barcelona, ni Sevilla había acogido la Expo- para detallar que de ese presupuestos aún se arrastran derechos pendientes que ascienden a 121.880,41 euros.

La cantidad, se detalla, corresponde tasas, precios públicos y otros ingresos, por los que están pendientes de cobro 109.000 euros, otros 10.300 euros por impuestos indirectos y 2.108 euros por impuestos directos. El informe no detalla quién es la persona física o jurídica que arrastra esa deuda con la administración autonómica ni si el caso está en manos de la justicia.

De 1990, por tanto, son 121.000 euros; de 1991 corresponden 304.394 euros; de 1992, 160.624; de 1993, 304.888; de 1994 –ojo que ya han pasado 29 años-, 1.044.590 euros; y así, de forma consecutiva y año tras año, hasta sumar esos 324,6 millones de euros.

Con el paso de los años las cantidades van creciendo. En 2006 la cantidad pendiente es de 1,5 millones; de 2011 son más de 31 millones de euros; 32,7 millones en 2017 y finalmente 26,6 millones del presupuesto de 2020. Y del año 2021, la cantidad se dispara hasta los 92,5 millones de euros. La renuncia a esos derechos pendientes de cobro equivaldría a una especie de renuncia a ingresar esa cantidad. Pero mantener incluso los que corresponde a ingresos que deberían de haberse producido durante la etapa en la que Joan Lerma presidía la Generalitat resulta como poco chocante. De hecho, en algunos ámbitos lo habitual es renunciar al cobro de deudas con una antigüedad igual o superior a los 10 años. La Generalitat, por contra multiplica por tres ese periodo.