El Consell se arriesga a incumplir la ley de estabilidad si no se aprueba su déficit

Para la Comunitat Valenciana, que incorporó en los presupuestos un déficit del 0,3%, la diferencia entre una y otro cantidad suponen algo más de 430 millones de euros de margen de gasto. El Gobierno valenciano ha venido sosteniendo que no modificará sus presupuestos de 2024 aunque el Gobierno no autorice ese déficit 0, porque no piensa aprobar recortes en sus cuentas. Desde el ministerio de Hacienda, se repite el mismo razonamiento de la última vez: «No nos planteamos que las CCAA incumplan la ley de estabilidad».

La referencia a esta norma no parece casual. La ley de estabilidad es el instrumento con el que se pretende «impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía española, para garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades a los emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera, justa y solidaria». Un objetivo elevado, que se traduce en una serie de previsiones y condicionantes para la situación financiera de las administraciones públicas.

Condicionantes, y también advertencias. La norma hace referencia a mecanismos de prevención, también de alerta temprana, medidas automáticas de corrección y hasta el nombramiento de una comisión de expertos que sería el encargado de dictar medidas correctoras a aplicar por esas autonomías.

¿Puede el ministerio de Hacienda ordenar la aplicación de esas medidas si una CCAA decide mantener un margen de su presupuesto mayor del aprobado por el Gobierno? «No nos planteamos que las CCAA incumplan la ley de estabilidad», replican fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero. Está por ver que el Ejecutivo de Sánchez esté en condiciones de abrir un nuevo frente, ahora con las CCAA, con todas las polémicas vinculas al caso Koldo, la evolución de la negociación de la amnistía con Puigdemont o incluso los pésimos resultados de las elecciones gallegas. La ley de Estabilidad exige que los objetivos de déficit estén aprobados por las Cortes Generales -Congreso y Senado- aunque el ministerio de Hacienda asegura disponer de un informe de la Abogacía del Estado que dejaría abierta la puerta a aprobar esos objetivos sin la ratificación de la Cámara Alta. El departamento de María Jesús Montero asegura disponer de ese informe que, no obstante, hasta ahora no ha mostrado.

Dando por buena la existencia de ese informe, y por tanto que el Congreso aprobara en solitario esos objetivos de déficit, la ley señala que «la elaboración de los Proyectos de Presupuesto de las Administraciones Públicas habrán de acomodarse a dichos objetivos». En el caso de la Comunitat Valenciana, ese déficit 0 obligaría sobre el papel a la Generalitat a reducir su margen de gasto en 430 millones de euros.

¿Y si no lo hace? Lo que la ley dice es que el Gobierno «formulará una advertencia motivada a la Administración responsable previa audiencia a la misma». Si no se atiende la advertencia, se pondrían en marcha las medidas correctivas y hasta coercitivas. Entre estas últimas, «el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada».