Los fondos europeos están llamados a ser la salvación de los gobiernos. El dinero que llegará de Europa permitirá a las Administraciones poner en funcionamiento centenares de proyectos públicos y de colaboración público-privada que repercutirá de manera directa en la actividad económica y el empleo, con cifras aterradoras tras el efecto de la pandemia. Algunos gobiernos han comenzado ya a preparar la maquinaria administrativa, crucial, para que los fondos sean un éxito o un fracaso y han legislado ya para agilizar las tramitaciones. Pero, entre ellas no se encuentra de momento la Generalitat. El Gobierno valenciano no ha sacado adelante de momento su decreto para acelerar los plazos administrativos, a pesar de la premura para presentar y anunciar los proyectos que van a optar a los fondos.
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En contraposición, el Gobierno central ya tiene convalidado su propio decreto ley de agilización de las medidas administrativas, que aprobó a finales del pasado año. Otras autonomías, como la catalana, han hecho lo propio, aterrizando la norma estatal en su propio articulado normativo, con la aprobación de un decreto de aceleración de los plazos, la pasada semana. Pero, el Consell sigue sin sacar adelante la suya, a pesar de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya presentó parte de los proyectos que optarán a estos fondos, tanto a nivel público como los de las empresas. Distintas fuentes del Consell sostienen diversas versiones acerca del entramado normativo que el Consell debe modificar para hacer más rápida y efectiva la llegada de fondos públicos de Bruselas, dentro de los programa Next generation. Por un lado, altos cargos del Consell aseguran que el decreto está ya redactado y listo para salir de Presidencia para que los socios den el visto bueno y ser aprobado. Y otras fuentes lo sitúan «atascado» tras las alegaciones presentadas por las distintas consellerias.
En el caso del Gobierno central, ya publicó el día 31 un decreto ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trató de un conglomerado de normas y modificaciones que permitirán al Ejecutivo reducir los plazos de contratación –y los controles correspondientes– para tratar de no perder ni un céntimo de los fondos de la Unión Europea. El Gobierno de Pedro Sánchez ha flexibilizado buena parte de los procedimientos para los acuerdos que correspondan al Estado. Sin embargo, respecto a las administraciones autonómicas, serán las comunidades y entidades locales las competentes para configurar sus respectivos procedimientos de tramitación de convenios, cuando proceda simplificarlos o agilizarlos. Fuentes del Consell reconocieron ayer que el proceso estará listo en dos semanas para ser tramitado.
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