El Consell, atrapado por la subida de precios de los suministros

En el Gobierno valenciano la cuestión se ha convertido en algo crucial, porque según aseguró la secretaria autonómica de Modelo Económico, María José Mira, en una entrevista con LAS PROVINCIAS, «en un momento en que nos llueve dinero de Europa para dinamizar la economía y construir infraestructuras estratégicas y necesarias como son los hospitales o las residencias, nos preocupa que el Estado no sea capaz de habilitar de una forma rápida un proceso por el cual podamos actualizar los precios de nuestros contratos a la realidad». Con ello, sostienen las mismas fuentes, han comenzado a quedar desiertos lo concursos y, lo que es peor, suspendidas las obras que ya estaban en ejecución. «Todos sabemos que una fase de expansión conlleva un incremento de los precios e inflación, pero no podemos ahogar a nuestras empresas ni permitirnos perder ni un euro de la financiación europea. Ningún país europeo lo está permitiendo», aseguran desde el Botánico.

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Pero, mientras el decreto ley del Gobierno no se apruebe, ya en el tercer mes del año, hay otras autonomías que sí han solucionado este grave problema que ya ha paralizado obras públicas. Sin ir más, lejos, el Gobierno de Galicia, con Alberto Núñez Feijoo, utilizó la ley de acompañamiento a sus presupuestos para incluir una disposición adicional que establece medidas ante el cambio extraordinario de precios en los contratos de obra pública. De este modo, las consellerias gallegas pueden establecer compensaciones en todas las obras que ya estuvieran en marcha antes de que empezara este año y se pudieran modificar las cantidades a percibir respecto a los materiales que se adquirieron a partir de esa fecha.

Pero, en la Generalitat no se optó por ese cambio normativo en su día y ahora se fía la continuidad de algunos contratos de obra pública a la celeridad del Gobierno central para sacar adelanto un texto en el que según han apuntado ya algunos medios nacionales, el Ejecutivo pondrá en el 20% del contrato el tope para admitir esos sobrecostes provocados por la subida de los precios de los suministros y materiales. Pero, esa lentitud del Ejecutivo a la hora de sacar adelante ese decreto ley está generando graves problemas para la administración autonómica y local. «Esos incrementos están suponiendo que las obras públicas, sobre todo las de los ayuntamientos, se están quedando desiertas por la actualización de precios», explica Mira. Un problema que también toca de cerca a los proyectos que son financiables con fondos europeos, que se están quedando o suspendidas o ralentizadas. «La solución a eso sólo la tiene el Gobierno, nos tienen que autorizar mediante una modificación de la ley de contratos del sector público para que podamos revisar esos precios por esa causa concreta. Llevamos meses pidiéndolo al Gobierno, porque es dinero que se asume con el mecanismo de recuperación y resiliencia». El problema es que con esos cambios, el Consell también aumenta el precio y puedes, a su vez, hacer subir la inflación y el IPC.

El impacto del encarecimiento de las materias primas, unido al alza de los precios energéticos, está afectando de forma generalizada al conjunto de las obras públicas, siendo el Ministerio de Transportes, del que depende Adif, uno de los más perjudicados, con sobrecostes que rondarían el 12%. De hecho, desde el sector se ha solicitado al Ejecutivo que apruebe medidas urgentes para que se incluya la revisión de precios en las obras. En este sentido, la propuesta para los nuevos contratos está sobre la mesa de Hacienda mientras que los contratistas piden que también se extienda a las actuaciones ya en marcha o en licitación para evitar su paralización.