El Consell calla ante una oferta de Montero sobre financiación que ignora sus reivindicaciones

Para estupefacción de algunos altos cargos del Consell, especialmente de Compromís, que echaron de menos algo más del talante reivindicativo que se le supone a un Gobierno que representa a una región netamente perjudicada por el actual sistema de financiación y a la que el Ejecutivo de Sánchez le escamotea garantías de que la situación vaya a cambiar. Montero no ha deslizado intención alguna de acometer las reivindicaciones valencianas.

¿Cuáles?. Por ejemplo, la creación de un fondo transitorio de nivelación que compense a la Comunitat hasta que se implante un nuevo modelo, o la modificación de la distribución de los fondos entre el Estado y las autonomías. La ministra tampoco mostró ánimo ni entusiasmo a la hora de abordar la deuda histórica que arrastra la Comunitat después de tantos años de financiación perjudicial, hasta 30.000 millones de euros.

¿Y cómo valora todo esto el Consell? Ni siente ni padece. Pérez Garijo aseguró ayer que «no hay novedad» y que la Generalitat continuará «con la misma línea» de reivindicar «la deuda» y «la financiación». Sólo faltaría, pero parece que lo mejor que se puede esperar ahora mismo del Ejecutivo valenciano es que manifieste que no se arrepiente de reclamar lo que el Gobierno obvia olímpicamente. Pérez Garijo no pareció demasiado indignada frente al modo en que Montero echa balones fuera respecto a la Comunitat y le pasa la patata caliente al PP.

Silencio compartido entre el Gobierno y el Consell. La ministra de Hacienda afirma que presentará una propuesta con la población como factor determinante, si bien habrá una serie de condicionantes que ajusten el peso demográfico a la hora de determinar cuánto le toca a cada región. De lo mencionado por Montero, nada nuevo y mucha ambigüedad.

El Gobierno central, después de casi dos años desde la investidura de Sánchez (cuando le prometió a Compromís que la propuesta estaría sobre la mesa en nueve meses) logró hacer un hueco a la financiación (había tenido que gestionar la pandemia) y presentó a las regiones un proyecto para cambiar el modelo antes del pasado puente de diciembre. Las regiones presentaron el pasado mes de enero alegaciones a la propuesta inicial. El Consell, inicialmente, quiso ver con buenos ojos la iniciativa de Montero. Sin embargo, el pasado 26 de enero, el informe de la comisión de expertos de la Generalitat sobre el borrador del Ministerio de Hacienda califica la fórmula de reparto del dinero entre autonomías como «técnicamente poco satisfactoria».

Los expertos reclaman en sus alegaciones, consensuadas por todos los partidos en Les Corts, clarificar criterios, especialmente el de la población. Y simplificar, eliminar las múltiples variables correctivas que opacan y complican saber cuánto le toca a cada uno. El Ministerio de Hacienda no respondió directamente a esas alegaciones, hasta ahora. Según Montero, habrá una contraoferta después del verano, pero lo que ha adelantado no augura nada demasiado espectacular para la Comunitat. El problema de las declaraciones de la ministra de Hacienda no es lo que dice sino lo que calla y lo que sugiere.

Sobre lo que no menciona en la entrevista y que es muy importante para la Comunitat hay tres elementos clave. Por un lado, cuál será la nueva distribución de los ingresos tributarios en función de las competencias (es decir, con el gasto que asume el Estado y las regiones para atender los servicios públicos). Por otra parte, nada dice Montero de la multitud de fondos complementarios (el de suficiencia global, o el de convergencia) que a la Comunitat no llegan. Y para acabar, la cuestión de cuánto dinero habrá para repartir entre las autonomías, en cuánto aumentará. Eso respecto al modelo, porque Montero también pasa de puntillas en relación a la deuda histórica que reclama la Comunitat y al fondo transitorio de nivelación mientras el modelo no se apruebe. La ministra, además, arremete contra el PP por considerar que las regiones gobernadas por los populares manejan criterios distintos, algo que, sin embargo, también ocurre entre las autonomías en manos de los socialistas. Igualmente, Montero parece querer inhibirse de su labor como moderadora, mediadora y coordinadora de las diferentes posiciones.